Balance económico de la legislatura (I)

Es bueno que el futuro presidente de la Xunta adopte una posición pragmática a la hora de evaluar el punto de partida y diseñar su hoja de ruta. Porque el Gobierno dePérez Touriño puede haberse equivocado en algunas cuestiones por falta de coordinación, de capacidad o de voluntad. Pero ha hecho cambios en positivo y reorientado numerosas políticas públicas en la buena dirección. Además, parece evidente que la referencia del nuevo Gobierno no puede ser el último mandato de Manuel Fraga. Un período caracterizado por una cierta parálisis y falta de objetivos claros, con pocos conselleiros dinámicos, aparte del propio Núñez Feijóo.

Es importante que el nuevo presidente ordene ya sus prioridades. La coyuntura económica actual es extraordinariamente negativa, y el nuevo Gobierno va a tener un margen financiero muy inferior al del que todavía está en funciones. El presupuesto de ingresos para 2009 será difícil de cumplir y no todo el desfase será compensable con un incremento de la deuda. La revisión a la baja de algunas partidas de gasto es inevitable, sobre todo si se quieren introducir nuevos programas o reforzar alguna línea del presupuesto en ejecución.

La nueva Xunta debería aparcar las rebajas fiscales hasta que mejore la situación económica

La situación para 2010 tampoco pinta bien. E incluso en un escenario de recuperación a partir de finales de este año, los presupuestos para 2011 deberán ser relativamente austeros. Lo único positivo que se divisa en este horizonte temporal es una reforma de la financiación autonómica que nos permita obtener entre 300 y 500 millones de euros adicionales. Pero eso todavía hay que negociarlo y cerrarlo. ¿Será capaz el Gobierno central de hacerlo antes de las próximas Navidades?

En esta tesitura, las rebajas fiscales anunciadas por el PPdeG deberían esperar a que se llenen de nuevo las arcas, al abrigo de una mejor coyuntura económica. Porque pocos son los expertos que en estos momentos creen en el efecto expansivo de las rebajas impositivas: los fallidos 400 euros de Zapatero son un aviso para navegantes. Por otro lado, el Gobierno de Pérez Touriño deja un sistema fiscal mejor que el heredado. La reforma del impuesto sobre sucesiones ha mejorado el tributo, reduciendo muy significativamente la carga a la mayoría de los ciudadanos gallegos, los menos ricos. Son muy pocos ya los que se beneficiarían de una supresión de facto del mismo. Pero el coste recaudatorio de hacerlo sería sensible, porque pertenecen a las familias más acomodadas. Además, el canon hidroeléctrico permite socializar las ganancias derivadas de unas concesiones tan arbitrarias como difíciles de cambiar. La inmensa mayoría de los gallegos está de acuerdo con la finalidad del tributo. Por último, también se ha avanzado en la configuración del impuesto sobre contaminación atmosférica creado en los años noventa por el PPdeG. Finalmente, hay que reconocer que se ha mejorado la gestión tributaria y hoy es más fácil que ayer el cumplimiento de las obligaciones tributarias vía Internet.

Así pues, en el ámbito tributario, mis sugerencias serían aparcar las rebajas hasta que mejore la situación; dar un paso más en la gestión de impuestos, mediante la creación de una agencia tributaria gallega que se coordine con la estatal; y profundizar en la tributación verde, mediante la creación de impuestos sobre residuos similares a los que existen en otros territorios y que servirían para incrementar los recursos financieros e incentivar la propia reducción de esos residuos.

En el ámbito de la gestión presupuestaria, hay dos aspectos en los que también se ha avanzado con el Gobierno bipartito, si bien es necesario profundizar en ellos. En primer lugar, los presupuestos para 2008 y 2009 intentan incorporar la lógica de la presupuestación por objetivos. Es verdad que falta mucho por hacer, pero en tiempos de vacas flacas parece especialmente necesario justificar los gastos que se comprometen y vincular recursos con cumplimiento de objetivos. Finalmente, la ley de subvenciones es otra novedad importante en términos de transparencia de la intervención pública. De lo que se trata ahora es de aplicarla en su integridad.