CIG y UGT salen en defensa de la oposición en Servizos Sociais
Piden a Feijóo que no desconvoque la prueba pese a los recursos
Los cuatro comités de empresa del Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar unieron ayer sus fuerzas con los representantes de CIG y UGT para exigir al futuro presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que mantenga la oposición convocada en este organismo dependiente de Vicepresidencia.
La convocatoria, que afecta a 338 trabajadores, "se ajusta a la legalidad y fue consensuado entre las partes implicadas". Ésos son los argumentos que esgrimen ambos sindicatos -que representan el 86% de los trabajadores del Consorcio- para censurar "la injusticia" de paralizar el proceso a raíz de la impugnación de la convocatoria por parte del sindicato de Enfermería (Satse).
Comisiones Obreras, CSIF -que no tienen representación en el Consorcio- y la Xunta de Persoal de Servizos Centrais de la Administración, sin embargo, coinciden con Satse y denuncian que las bases del proceso selectivo "vulneran los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad". Por ejemplo, critican que "se puntúan ocho veces más los servicios prestados para el Consorcio que los realizados en otras administraciones públicas" y que el concurso está confeccionado "a la medida de los empleados ya contratados [1.100 en total]", afirma Emilio Doforno, de CC OO. Este sindicato denuncia además que no hubo consenso en la negociación de las bases de la convocatoria y que CIG pactó sólo con la dirección. "Nosotros defendemos unos servicios públicos gestionados desde la Xunta, pero el Consorcio se convirtió en un chiringuito manejado por el bipartito". Doforno acusa también a CIG de "usar a los trabajadores como cortina de humo para justificar su actitud beligerante contra el nuevo Gobierno".
Anxo Louzao, de CIG, tachó de "inaudito e insólito" que la oposición se demore "por la rentabilidad política del PP". El presidente electo criticó la convocatoria y anunció que una de sus primeras medidas será desmantelar la red de servicios sociales, algo que CIG, UGT y CC OO, dicen, no permitirán "bajo ningún concepto".
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