El recorte de Corbacho en políticas de inmigración indigna a los ayuntamientos

Las administraciones catalanas, principalmente los ayuntamientos, ingresarán este año un 30% menos de recursos del fondo de fomento de la integración de los inmigrantes. El Ministerio de Trabajo e Inmigración, que gestiona ese dinero, anunció el recorte la semana pasada, lo que supone 13 millones menos que en 2008 para las administraciones catalanas. Y las alarmas han empezado a saltar en muchos municipios, que consideran que eso pone en peligro la cohesión social en sus localidades. Los alcaldes quieren reconducir la situación y apoyan a la consejera de Acción Social, Carme Capdevila, quien ayer reclamó una reunión urgente de los responsables autonómicos y del Ministerio de Inmigración.

El tijeretazo, del 30%, afecta a programas de cohesión en barrios y escuelas

"El recorte afectaría a la piedra angular de las políticas de cohesión de los municipios", denunció ayer a EL PAÍS Ricard Gomà, segundo teniente de alcalde de Barcelona y concejal de Acción Social del principal municipio de Cataluña. El concejal y dirigente de Iniciativa coincide con Capdevila en señalar que la mayor parte del dinero del fondo sirve para reforzar los servicios sociales básicos ante el aumento de demanda que implica la llegada de nuevos usuarios. Según Gomà, el recorte afectaría a las políticas de cohesión municipales, algo que rechaza de plano: "Ni los sectores sociales más vulnerables ni los ayuntamientos pueden pagar la crisis".

El fondo del ministerio estaba dotado con 200 millones en 2008. Para 2009 sólo habrá 141 para repartir entre las comunidades autónomas. El recorte es consecuencia del compromiso del conjunto del Gobierno de ahorrar 1.500 millones en el presupuesto de este año para hacer frente a la crisis. Los inmigrantes y los ayuntamientos pagarán buena parte de este recorte del ministerio que dirige el socialista catalán Celestino Corbacho. De los 70 millones que el ministro se comprometió a ahorrar, 59 se recortarán de las ayudas a la cohesión social.

Los alcaldes, pues, tendrán que apretarse el cinturón. La decisión del que fue alcalde de L'Hospitalet, presidente de la Diputación de Barcelona y secretario de política municipal del PSC les deja con cinco millones menos para subvencionar programas de convivencia en los barrios, de inserción laboral y de ayuda a las mujeres y los jóvenes. El área de educación será la otra gran perjudicada y perderá más de seis millones de euros que destinaba a las aulas de acogida, a los planes educativos de entorno y a cursos de catalán, siempre según los cálculos del Departamento de Acción Social.

"La medida afecta a las políticas más cercanas al ciudadano", denunció ayer Jordi Serra, técnico de la Asociación Catalana de Municipios, que agrupa más de 700 municipios. "Apoyamos a la Generalitat en sus reclamaciones ante el ministerio", dijo Serra, quien añadió que en ese aspecto coinciden con la Federación de Municipios de Cataluña. El presidente de esa federación y miembro de la dirección del PSC, Manuel Bustos, declinó ayer hacer declaraciones sobre la medida de Celestino Corbacho. Bustos y Corbacho tampoco pudieron abordar ayer el asunto en la ejecutiva del partido, a la que ambos pertenecen, pues el ministro no acudió al encuentro.

En la ejecutiva de Esquerra Republicana sí se abordó el problema. El secretario general, Joan Ridao, fue especialmente beligerante con Corbacho y recordó el compromiso del PSOE de no minar las políticas sociales con los planes contra la crisis económica. La consejera de Acción Social también recordó la semana pasada que el ministro se había coprometido a no recortar los recursos del fondo. Por eso se mostró "sorprendida" y "preocupada" al conocer el tijeretazo, y anunció que trabajará para "reconducir la situación".