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COLUMNA

Fondos de armario

Como mascletà fallera no ha estado nada mal la del jueves pasado cuando se divulgó el auto de inhibición del juez Baltasar Garzón en favor del Tribunal Superior de Justicia con la lista de implicados e imputados presuntamente beneficiarios de las comisiones y dádivas repartidas por la galaxia empresarial que ha exprimido los gobiernos autonómicos de Madrid y Valencia. En lo que concierne a esta autonomía, y damos por enterado al lector, el magistrado involucra al molt honorable president, Francisco Camps, al número dos del PP, Ricardo Costa, al ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos (tu quoque?), y a Rafael Betoret, que en su día dirigió el gabinete de la consejera de Turismo. Todos ellos fueron trajeados a la medida y graciosamente en una sastrería madrileña por un importe conjunto de casi 35.000 euros. Una miseria que a Eduardo Zaplana le hubiese subsidiado la indumentaria y complementos de una temporada.

No es ese el único cargo que pesa sobre el PPCV, que pudo recibir más de 400.000 euros para su propia financiación a cambio de contratos administrativos hechos a la medida y provecho de los dadivosos proveedores del Gobierno autonómico. Sin embargo, no es éste el capítulo acusatorio que más contribuiría al descrédito de los mentados protagonistas, pues el ciudadano común está al corriente y resignado a las habituales exacciones delictivas que nutren las cajas de los partidos políticos. Otra cosa, entre cómica y escandalosa, es que estos eminentes personajes hayan cedido al trapicheo de la sastrería, exponente de su falta de criterio y hasta pobreza de espíritu. Vender el alma o la integridad por un fondo de armario solo puede -o debe- acabar vistiendo como un pincel en la cárcel de Picassent o inspirando los personajes de un sarcasmo ideado por Xavi Castillo, que ya estará sacando punta al embrollo. En todo caso, un harakiri político personal de muy difícil enmienda.

A estas alturas de la historieta, y aun cuando todos los empapelados digan tener muy tranquila su conciencia, lo cierto es que tanto más protestan por las acusaciones que se les formulan tanto más ahondan su infortunio, pues ni uno solo de los argumentos esgrimidos abunda en su inocencia. No les eximen, además, los sondeos electorales oportunistas, por muy propicios que se revelen, ni disolverá su presunta corrupción la multitudinaria muestra de solidaridad que les movilice Alfonso Rus, ese caudillete ridículo bajo sospecha después de los festivales promovidos al amparo de Orange Market y firmas asimiladas. Algo que no ha de extrañarnos, pues a partir de este episodio que glosamos los dedos se nos hacen huéspedes, y esa es una razón suficiente para que los inculpados asuman, por más que les pese, su condición de políticos amortizados. Incluso aunque no exista por el momento una alternativa política clara -que no la hay- para gobernar la Generalitat, es el propio PP el que ha de buscar gente incontaminada y menos lela para salvar la cara. Es el mínimo precio por el cutrerío exhibido.

Y a todo esto no hemos dicho una sola palabra acerca de ese personaje pintoresco que es Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, que aguanta el tipo sin dimitir -¿cuándo?- después de su pringue personal en este jaleo que ha fulminado su independencia. Claro que, bien pensado, y en gracia a los administrados, igual resulta preferible que aguante en la Corte y no vuelva a poner sentencias durante mucho tiempo por estos ni otros pagos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 8 de marzo de 2009