Juristas piden las cuentas públicas de apoyo a Marta
La Sociedad Andaluza de Juristas por la Defensa de los Derechos Humanos ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla y a la Junta de Andalucía las cuentas que reflejen la financiación de los autobuses que trasladaron, el pasado 21 de febrero, a unas 300 personas a Madrid para manifestarse bajo el lema ¡Queremos Justicia!, en el que se pedía un endurecimiento de las penas y la cadena perpetua por el caso de la joven sevillana presuntamente asesinada Marta del Castillo.
La Consejería de la Presidencia financió la flota de dos autobuses y el Ayuntamiento de Sevilla destinó otros tres; dos de ellos corrían a cargo del Distrito Nervión San Pablo y el tercero, aprobado por el área de Bienestar Social.
Desde la sociedad de juristas aseguran que "hay normas directamente aplicables tanto internacionales como internas de defensa de los derechos humanos que excluyen la posibilidad de que los organismos públicos realicen comportamientos activos a favor del establecimiento de la cadena perpetua".
Los juristas se acogen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos entre otros cuatro pactos y convenios internacionales y piden que se inicie de oficio una revisión de las partidas usadas para la contratación de los autobuses (en caso de que se hayan empleado con fondos públicos), por resultar nulo de pleno derecho al contravenir las normas internacionales, según transmiten la sociedad en nota de prensa.
La Junta de Andalucía alegó, antes de la concentración de Madrid, que fletaban los autobuses en calidad de colaboración humanitaria y destacó que no apoyaba la tesis de la cadena perpetua.
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