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TOMÁS MARTÍN MORALES | Vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla | Nuevos imputados en la trama de corrupción

El "alcalde en la sombra" que decidía el urbanismo

Elena G. Sevillano

"El concejal de gestión urbanística firmaba, pero quien decidía era él". Él es Tomás Martín Morales, vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte. Hasta ayer. En cuanto se conoció su imputación, el alcalde, Juan Siguero (PP), le pidió que dimitiera, informó un portavoz municipal. Lo hizo unas horas después. Según el auto del juez Baltasar Garzón, Martín Morales cobró al menos 378.000 euros por intervenir a favor de empresas de la trama de Correa en diversas adjudicaciones en el municipio.

Martín Morales, abogado de profesión, decidía mucho en Boadilla, según coinciden fuentes municipales y de la oposición. Tanto que se ganó apodos como el Roca de Boadilla o el alcalde en la sombra. También se le conoció en un tiempo como Tomás Rotondas por su propensión a colocar glorietas en las calles del municipio. Eso fue en su primera época en el Ayuntamiento, cuando aterrizó en Boadilla como gerente de la EMSV, entre 2000 y 2003.

La empresa pública suma cuatro implicados en la red de corrupción
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Desapareció de la esfera pública boadillense unos años, hasta que volvió como consejero delegado de la EMSV en 2007. Como tal, asegura el concejal socialista Pablo Nieto, "se le concedieron poderes amplísimos, porque el consejo de administración delegó en él casi todas sus competencias". Además, el alcalde, Arturo González Panero, le tenía reservado otro cargo de confianza. Un puesto que creó especialmente para él: el de director general del Ayuntamiento.

Fue un nombramiento polémico. El partido independiente Alternativa por Boadilla lo denunció ante la justicia alegando que la ley sólo permite nombrar directores generales a los municipios de más de 250.000 habitantes. Boadilla no llega a 50.000.

González Panero había intentado antes que Martín Morales formara parte de su equipo de gobierno. Quiso presentarlo en las listas de las elecciones municipales de 2003 y 2007, pero en Génova no se lo permitieron, confirman fuentes municipales. Nombrarle director general, un puesto que nunca antes había existido en Boadilla, era la manera de seguir teniéndolo a su lado. La gestión del flamante directivo se remuneraba con más de 75.000 euros anuales. Como miembro del comité ejecutivo del PP en Boadilla, Panero también le confió las campañas de 2003 y 2007.

"Amable, educado, muy normal", le define un ex compañero en el Ayuntamiento. Antes de llegar al municipio Martín Morales fue concejal en Getafe y jefe de Gabinete de Ginés López, alcalde de Arganda del Rey recién dimitido al estar también imputado en el caso Gürtel. Nunca fue cargo electo en Boadilla, pero sí su esposa, Rosalía Mercedes de Padura Díaz, concejal de Mujer, Formación, Empleo y Comercio desde 2007.

"Todo el urbanismo pasaba por él", dice el ex compañero, "aunque él no podía firmar nada al no ser cargo público". Según el auto de Garzón, Martín Morales habría participado en la adjudicación directa de varios contratos a la empresa Down Town Consulting S. L., actual Easy Concept Comunicación S. L., propiedad de la red de Francisco Correa, y de una parcela a la empresa UFC S. A., propiedad de José Luis Ulibarri. Martín Morales también habría participado en la adjudicación de unos locales comerciales -a un precio muy bajo- a una empresa de José Ramón Blanco. Todo a través de la EMSV de Boadilla, una empresa pública que, con las últimas imputaciones, ya suma cuatro implicados en el caso Gürtel: su presidente, González Panero; su consejero delegado, Martín Panero; su gerente, Alfonso Bosch Tejedor y uno de sus consejeros, José Galeote.

Tomás Martín, con su esposa, en el circuito de Montmeló, donde probó un coche de carreras.
Tomás Martín, con su esposa, en el circuito de Montmeló, donde probó un coche de carreras.SUSANNA SÁEZ

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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