La corrupción sacude al Consell y al PP

El auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tuvo ayer un efecto demoledor en el seno del Consell y del Partido Popular. Tras el terremoto generado por la publicación (EL PAÍS del pasado día 19) del informe de la Fiscalía Anticorrupción que implicaba al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la trama corrupta vinculada al PP, el auto remitido ayer al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por el juez Garzón sacudió con intensidad inusitada los cimientos institucionales y políticos del Partido Popular.

El auto no solo halla indicios de cohecho, tráfico de influencias y falsedad en la actuación del jefe del Consell, Francisco Camps; el secretario general del PP y portavoz parlamentario, Ricardo Costa; el ex vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos; y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret. El auto apunta a la financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana a través de la red de empresas corruptas que montaron en Madrid Francisco Correa y Pablo Crespo. Una red que cobró cuerpo en la Comunidad Valenciana a través de Orange Market, tras la pérdida de las elecciones generales de 2004 por parte del PP, y su responsable Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes.

La trama corrupta apunta a la financiación ilegal del PP

Rambla: "en los próximos días se aclarará la no relación" de Camps

La sala que preside De la Rúa es de mayoría conservadora

Según el auto del juez Baltasar Garzón, Orange Market disponía de una caja B (de dinero negro) en la que figura, al menos, "un apunte de entrega de 15.000 euros al Partido Popular de Valencia procedente de la caja B de Orange Market" con fecha de 31 de agosto de 2005.

En su escrito, el magistrado relaciona también otros apuntes contables de la red corrupta de empresas, que se remontan, supuestamente, al décimo congreso regional del PP, celebrado en Valencia en 2002, en el que fue reelegido Eduardo Zaplana.

Los socialistas ya apuntaron, antes de conocerse el auto del juez Garzón, a la financiación irregular de los populares valencianos en la sesión de control de las Cortes Valencianas. El portavoz socialista, Ángel Luna, aseguró: "Orange Market está en la financiación del PP. Una empresa con cinco trabajadores es una agencia de contratación para ganar dinero y ese dinero va a parar a sus amigos o al PP".

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se abstuvo de responder a las preguntas de la oposición, e insistió en su honradez y en la de su Administración. Pero a la hora del almuerzo el auto de Garzón ya había hecho saltar por los aires el escenario planteado por el jefe del Consell.

El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, afirmó: "Es la peor crisis de la democracia valenciana".

Los populares se reunieron en gabinete de crisis, aunque les costó sobreponerse a la situación, con todo el partido sobrecogido y noqueado por el auto del juez Garzón.

El secretario general del PP, Ricardo Costa, compareció a las puertas de la sede del partido en Valencia al filo de las nueve de la noche, hora de inicio de la mayoría de los informativos nocturnos. Bajó las escaleras a la calle con una sonrisa forzada y trató de no parecer nervioso ante los medios de comunicación.

"El PP pone de manifiesto su absoluta negación de las acusaciones que se vierten contra sus dirigentes", indicó Costa, que aseguró que las acusaciones son "absolutamente infundadas".

"Nos ratificamos en todo lo que hemos venido defendiendo en las últimas semanas", abundó el secretario general del PP, que eludió mencionar siquiera cualquier aspecto sobre la financiación irregular de su partido o los trajes que se hizo confeccionar por el sastre de Álvaro Pérez.

El número dos del PP garantizó la "colaboración" del PP con la Justicia, aunque también pidió la "máxima diligencia y máxima rapidez" en el proceso.

A la misma hora, aproximadamente, el vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla, emitió un comunicado en el que negó los hechos que se le atribuyen al presidente de la Generalitat en la investigación de la Audiencia Nacional. "Estamos convencidos de que en los próximos días se aclarará la no relación del presidente con los hechos que se están investigando", indicó.El día acabó para el presidente de la Generalitat mucho peor de lo que había comenzado. Y eso que desde hace tres semanas la sesión de control al jefe del Consell en las Cortes Valencianas se ha convertido en un auténtico suplicio. En el hemiciclo los portavoces del PSPV, Ángel Luna, y de Compromís, Mónica Oltra, exigieron respuestas claras al jefe del Consell sobre los escándalos relacionados con Orange Market y las adjudicaciones de contratos de manera irregular por parte de distintos departamentos de la Generalitat.

Camps insistió: "Mi conciencia está tranquilísima". El presidente de la Generalitat buscó la cercanía ("mis amigos son los cinco millones de valencianos") y la legitimidad de las urnas para argumentar que la gestión de su Administración es transparente y conforme a la legalidad. Y nuevamente se escudó en las auditorías de la Sindicatura de Comptes, que revisan contratos aleatoriamente, y en los pocos recursos que se presentan a las adjudicaciones de las contratas públicas.

Argumentos etéreos para la oposición. "Empieza a ser incómodo para su partido", apuntó Luna, que vinculó Orange Market con la financiación irregular del PP y advirtió que ya hay dirigentes populares que "empiezan a hablar".

Mónica Oltra, de Compromís, reclamó por activa y por pasiva (se puso una camiseta pidiendo transparencia y los papeles del Consell) respuestas claras sobre las reuniones de Camps con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa; sobre las llamadas al sastre José Tomás y sobre la implicación del presidente en la trama corrupta de empresas. Tanto Luna como Oltra calificaron las comparecencias de los consejeros para dar explicaciones de los contratos y su relación con Orange Market de "pantomima".

Tras conocerse el auto, la reacción de la oposición fue todavía más contundente. El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, exigió al presidente Camps una explicación urgente sobre los "indicios claros" de responsabilidad penal de él mismo y de dirigentes de su partido por el caso Gürtel.

Para la coordinadora de Esquerra Unida, Glòria Marcos, la implicación de Camps y Costa apunta a la "financiación irregular en el PP". Marcos pidió la destitución de todos los cargos implicados en el caso.

El presidente de la Generalitat, a diferencia del pasado día 19 cuando se informó de su implicación, guardó silencio tras conocerse el contenido del auto del juez Garzón. No hubo declaración institucional. Tan solo el vicepresidente Rambla, a través de un comunicado, y Costa, en la sede del PP, salieron a realizar una primera valoración.

Fuentes de Presidencia insistieron en que los hechos demostrarán la honradez del presidente de la Generalitat, implicado en un auto judicial por su relación con personas en las que erróneamente depositó su confianza.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón remitió ayer el auto al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Una vez sea registrada la causa, y por turno de reparto, se nombrará un instructor de entre cuatro de los cinco magistrados de la sala. Aunque la ley no excluye al presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, por normas internas, no instruye.

José Flors, Carlos Climent, Juan Montero y José Francisco Ceres son los magistrados que componen, junto a De la Rúa, la sala de Lo Civil y Penal, encargada de los casos que afectan a aforados, informa Lydia Garrido.

José Flors pertenece a la asociación Francisco de Vitoria. Fue el encargado de archivar la causa que presentó Eduardo Zaplana contra dos diputados autonómicos socialistas por difundir unas conversaciones grabadas con dos empresarios imputados en el caso Terra Mítica. Flors está vinculado a la revista jurídica y se le reconoce un buen hacer jurídico.

Carlos Climent proviene del mundo de la universidad. No es un magistrado de carrera. Llegó a la sala en virtud de la potestad que la ley concede al Parlamento autonómico de proponer miembros para la sala. Fue a propuesta socialista. Juan Montero también procede de la Universidad y su nombramiento fue a propuesta del PP. Una de sus últimas rúbricas ha sido el archivo de la causa en la que estaba implicado Díaz Alperi.

José Francisco Ceres es de posición marcadamente conservadora. Su firma está en el archivo de los casos que afectaban al ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi. Su nombramiento estuvo rodeado de polémica.