Adiós al sueño millonario

La historia es vieja. Tiene ya casi 70 años. Pero parece que enfila su recta final. La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso interpuesto por la asociación No Abuso pidiendo la reversión de los derechos sobre los terrenos que el Estado expropió a unos 600 vecinos en los años cuarenta y cincuenta para construir la estación de Chamartín. Denuncian que, puesto que ahí se construirán ahora pisos y oficinas, el interés público por el que fueron desposeídos de los solares se ha desvanecido. La asociación, que aglutina a unos 1.100 herederos de los propietarios originales, recurrirá ahora al Tribunal Supremo. Última esperanza.

Pese al varapalo, que llega poco después de que el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento y la Comunidad hayan alcanzado un acuerdo para desbloquear la Operación Chamartín, el abogado de los reversionistas considera la sentencia "muy positiva". Según Antonio Vázquez, el tribunal no ha tenido en cuenta sus argumentos y, por tanto, estima que hay muchas posibilidades de que más altas instancias se pronuncien a su favor.

Los reclamantes piden derechos sobre 1,9 millones de metros cuadrados

La historia comenzó en los años cuarenta y cincuenta, cuando los propietarios de unos solares de lo que entonces era el pueblo de Chamartín fueron expropiados para la construcción de una estación. Y eso es lo que se hizo, así que no se vulneró el propósito por el que fueron privados de sus terrenos.

A finales de los ochenta, sin embargo, se decidió que convenía reformar la zona. En el lugar donde están las vías, que serían soterradas, se construirían pisos y oficinas. Con los beneficios, cuyos derechos de explotación pasaron a DUCH (una unión de empresas creada exclusivamente para la operación) se pagaría la reforma y las nuevas infraestructuras. Todo ello pensado también para que los trenes AVE salieran desde ahí.

En definitiva, tres millones de metros cuadrados en uno de los distritos más caros de la ciudad. Y ahí surge el conflicto judicial. Los descendientes de los expropiados reclaman sus derechos: a ellos les corresponden 1,9 millones de metros. Casi dos tercios del total.

Pero con el PP en el poder, en 1999, se promovió una modificación de la ley, que derogaba los derechos de los reversionistas 10 años después de haberse llevado a cabo la expropiación. Y ése ha sido uno de los pilares de la lucha, ya que los reversionistas creen que la norma no puede tener carácter retroactivo.

Además, aducían que en sus antiguos terrenos no sólo se va a ampliar la estación de Chamartín para 22 millones de viajeros, 10 veces más que en la actualidad, sino que se construirán, entre otras cosas, 16.000 viviendas, 4.000 de ellas públicas, según el documento firmado el pasado 23 de diciembre por la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Pero la Audiencia sostiene que se ha hecho correctamente y niega el derecho de esas 1.200 familias a recibir ni un metro cuadrado. Un espacio que, en caso de haber logrado, ya tenían apalabrado, dicen, para vendérselo a una empresa constructora.