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La Plataforma ve "insuficiente" la respuesta oficial al conflicto escolar

Escola Valenciana rechaza el texto y sindicatos y padres lo someten a consulta

Después dos meses de negociación con todos los agentes del sector educativo público integrados en la Plataforma per l'Ensenayment Públic, las reacciones iniciales al documento presentado el lunes por la Secretaría Autonómica de Educación para cerrar el conflicto educativo son más bien de recelo; cuanto no de rechazo, como expresó ayer la Federació Escola Valencia. "Prorrogar 10 años más la aplicación del requisito lingüístico vulnera el derecho de más de 100.000 alumnos de Secundaria que estudian en valenciano", además de que "potencia un sistema monolingüe sin un aumento real del profesorado mínimo exigible".

"Se trata de un documento vacío de contenidos y compromisos que no responde a nuestras exigencias", resumió Gerardo Fernández de Fete-UGT. En general, los tres grandes sindicatos con CC OO y el STEPV coinciden en que la respuesta es "insuficiente" y deja en el aire las cuestiones de fondo que podían dar "un giro a la política educativa", que fue lo que motivó las grandes movilizaciones en las aulas y en las calles durante el primer trimestre de este curso.

Para Albert Sansano del STEPV "el documento continúa manteniendo las políticas del Gobierno popular al defender explícitamente la vigencia de la orden de Educación para la Ciudadanía [pese a los autos del Tribunal Superior de Justicia y del Supremo]". El sindicato rechaza de plano el "nombramiento digital de los inspectores" y la moratoria de 10 años para la catalogación de puestos de trabajo docente en valenciano en los niveles de enseñanzas medias. Aunque formalizará su posición tras oír a todos los claustros de profesores, al igual que CC OO.

Respecto a la moratoria, Miguel Ángel Vera, de CC OO, cree que adelantar al 1 de septiembre la catalogación es un "avance"; aunque puntualiza que debería "cerrarse un acuerdo a menos de cinco años". El sindicato reconoce también progresos en cuanto a la definición de un modelo de enseñanza plurilingüe mediante la contratación de 300 profesores más de inglés y un plan de choque de formación. La federación de padres FAPA-Valencia fijará su posición el sábado en asamblea general, tras oír a las Ampas. La asociación de inspectores Adide considera una "burla" el documento. En conjunto, la Plataforma fijará su posición en la reunión del 12 de marzo.

Font de Mora y el dinero del Estado

Nunca llueve a gusto de todos. Y menos, para el consejero Alejandro Font de Mora, que lleva desde 2004 pidiendo el dinero para educación al Gobierno central del PSOE que el PP nunca presupuestó ni pidió al Gobierno de Aznar. Ayer, fiel a su guión, el responsable autonómico del ramo volvió a acusar "al Gobierno de Zapatero de dejar huérfanos a 150.000 alumnos valencianos". "Todo el peso del esfuerzo educativo recae en los hombros de la Generalitat, ya que el Gobierno socialista es extraordinariamente rácano en sus aportaciones", sentenció el consejero de una autonomía con competencias transferidas hace dos décadas. Font de Mora omitió a los diputados de la Comisión de Coordinación de las Cortes que en 2008 el Ministerio de Educación transfirió a la Generalitat sólo en "programas de cooperación" 108,5 millones de euros. El Plan PROA de apoyo y refuerzo recibió 4,6 milones; el de Bibliotecas escolares, 937.000 euros; el plan de apoyo a la implantación de la LOE, 10,30 millones: el Educa3 para Infantil, 11,424 millones; el de gratuidad de 2º ciclo de Infantil, otros 47,8 millones; en programas de cooperación con alumnos se transfirieron 81.000 euros; en libros de texto, 7,4 millones; en Internet en el aula, 275.500 euros, y en oferta de plazas para Escuelas Oficiales de Idiomas, otros 2,7 millones. Además de los 22,79 millones para becas para los 232.599 alumnos beneficiados de niveles no universitarios.

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