Compromisos públicos

La detención del alcalde socialista de Alcaucín y 12 personas más por el caso Arcos es uno más de los muchos que se extiende por todo el litoral andaluz y mediterráneo. La imputación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio contra este alcalde son un calco de otras actuaciones abiertas contra Carlos Fabra, presidente de la Diputación y del PP de Castellón.

Esta realidad muestra que en temas de corrupción urbanística -y respetando la presunción de inocencia que debe de mantenerse hasta que haya sentencia firme- vale en política aquello del que esté libre de pecado tire la primera piedra.

Sin embargo, se observa que las respuestas de los responsables políticos es distinta en función de la pertenencia del imputado a su grupo o a otro. Si la persona investigada judicialmente pertenece al PP, sus dirigentes salen en su defensa sin fisuras; ponen en tela de juicio las instituciones, a quienes las representan y, si es menester, claman contra una conspiración de jueces, fiscales y policías en un intento de hacer creer que están sometidos a una persecución por razones políticas y no de criminalidad.

Una estupidez, porque cuando estos mismos jueces, fiscales e investigadores actúan contra algún adversario político, olvidan lo que acaban de decir para decir de estas mismas autoridades hacen su trabajo con honestidad. Les da igual que sean los mismos nombres y apellidos.

Basta pasar de Alcaucín a Alhaurín El Grande, ambos pueblos de Málaga, para saber que es así. Es más, se comenta que algunos guardias civiles ya se lo toman a choteo. Si van a un pueblo son conspiradores; si van a otro son honestos (uno de ellos se ha tomado en serio lo de la doble personalidad y le asiste el mismo psicólogo que instruye a quienes dan dobles mensajes en política día tras día).

Se quiere dar la impresión de que por el hecho de pertenecer al PP los expedientes de adjudicación se realizan sin mancha. "Están inmaculados", dijo Antonio Sanz, secretario general del PP de Andalucía, en referencia a los contratos adjudicados por la ex alcaldesa de Jerez a dos de las empresas implicadas en la trama de corrupción que investiga el juez Garzón.

La afiliación al PP, al igual que el misterio del Nacimiento, hace que las adjudicaciones sean limpias antes de adjudicarse, durante y después de adjudicarse. Es como un milagro. De seguir así, con este tipo de posturas en defensa de lo indefendible, va a resultar francamente difícil que pueda acabarse con quienes destruyen el medio ambiente y el patrimonio histórico. Es cierto que, aún cuando ningún grupo político es inmune a estos delincuentes y, por tanto, también están en el PSOE, las respuestas de estos dirigentes generalmente son distintas (la imputación al alcalde de Alcaucín ha sido seguida de su baja en el PSOE).

Son actuaciones por parte de los responsables políticos que deberían generalizarse. Es necesario cambiar el chip; que los casos de corrupción en los que estén implicados políticos afecten a unos y otros por igual, y que las respuestas sean idénticas. Claro que como, hoy por hoy, no es así resulta obligado ayudar a extender el mensaje de intolerancia y poner coto a este comportamiento político diferente, que se da sólo en razón de la pertenencia al grupo y no de la gravedad de los hechos.

En cualquier caso, lo que cada vez resulta más evidente es que en Alcaucín, en Alhaurín El Grande y en Castellón, lo ocurrido era un secreto a voces, que "esto se veía venir" y que la lotería es un juego de suerte y que, como tal, no debería estar en la agenda de los políticos pasar por Doña Manolita salvo por Navidad y no a todas horas.

Sin duda, el cambio en estas conductas y un posicionamiento uniforme, y no en función de la afiliación, favorecería la disminución de casos de corrupción en lugar de favorecer a los responsables de conductas delictivas. No debe ser tan difícil, después de todo el compromiso político es con los intereses generales.