El Consell adjudicó sin concurso una obra de 8 millones en Vila-real

La Generalitat Valenciana, a través de la sociedad pública Ciegsa, adjudicó sin concurso público la segunda fase de construcción de un centro de tecnificación deportiva por 8,2 millones de euros. El volumen de la adjudicación no sólo exigía que se convocara un concurso público al que pudieran acceder todas las empresas interesadas, sino que, además, exigía su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, donde tampoco se anunció el proyecto, tal como manda la ley.

La sociedad pública se limitó a pedir a tres empresas que aportaran presupuestos para, finalmente, adjudicar la II fase del centro de tecnificación deportiva de Vila-real a la UTE formada por Lubasa y Ocide. Esta UTE ya se había hecho, meses antes, con la construcción de la primera fase del centro que, por el contrario, sí fue adjudicada por concurso, por un importe de 11,4 millones de euros. La fórmula seguida para la II fase, la del procedimiento negociado sin publicidad, está permitida en los casos en los que las obras o servicios no exceden del millón de euros, cantidad que esta adjudicación sobrepasa con creces. Ocide ha salido en los últimos días a la palestra ya que fue adjudicataria, junto a José Luis Ulibarri, uno de los imputados en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Garzón, del Hospital de Llíria.

La desmesura de la adjudicación irregular, dado el importe de la obra, llevó al Síndic de Comptes a incluir el contrato en su informe sobre las cuentas de 2008, en el que tan sólo se recoge una muestra de los contratos y formas de adjudicación, a partir de los datos facilitados por la propia Ciegsa, en el que la "importancia cuantitativa" y la "forma de adjudicación" son los criterios de selección.La adjudicación por procedimiento negociado y sin publicidad del centro de tecnificación deportiva de Vila-real no se limitó a la segunda fase de construcción. Ciegsa contrató también, de esta manera, la asistencia técnica del proyecto, es decir, la redacción de los proyectos básico y de ejecución de las obras de instalaciones, por un importe total de 605.000 euros. Esta adjudicación mereció también la atención del Síndic de Comptes que, en su informe de 2008 sobre las cuentas de la sociedad pública, revisó también el contrato de asistencia.

El informe de la sindicatura incide en las advertencias realizadas en años anteriores y que, sin embargo, continúan siendo desoídas por la administración autonómica. Así, expone cómo, pese a que la Ley de contratos así lo exige, la empresa pública Ciegsa no justifica, "debidamente", el porqué recurre a técnicos no funcionarios para la realización de este tipo de trabajos. El informe sostiene que, en los expedientes revisados, no se justifican "la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con que cuenta la administración para cubrir las necesidades que trata de satisfacer a través del contrato".

Pero no es ésta la única cuestión que no justifica la sociedad pública sino que, además, el informe incide que, en el caso de los contratos por procedimiento negociado sin publicidad, como el caso de la asistencia técnica del centro de tecnificación deportiva de Vila-real, la previsión hubiera podido evitar este tipo de fórmulas. "Cabe señalar que no se considera justificada la utilización de dicho procedimiento porque el motivo alegado por la Consejería hubiera podido evitarse de realizarse a tiempo las debidas previsiones".

El proyecto de la segunda fase del centro deportivo de Vila-real consiste en la construcción de una residencia para 48 estudiantes de alto rendimiento y 12 monitores. Además, incluye una piscina climatizada de ocho calles. Estas instalaciones han de complementar el pabellón polideportivo cubierto que formaba parte de la primera fase del proyecto que se levanta sobre un suelo recalificado y cedido por el Ayuntamiento de Vil-real a favor de la Generalitat.

La adjudicación del centro de tecnificación es uno de los múltiples reparos que el informe de la Sindicatura de Comptes recoge sobre los contratos de Ciegsa, sociedad presidida por el Consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, que, por lo tanto, es el máximo responsable de la gestión de esta sociedad. La gestión de esta empresa pública no ha sido únicamente fiscalizada por la sindicatura, en lo referente no sólo a las adjudicaciones sino también a los precios que alcanzan las obras y a la selección de persona. La sindicatura, en su último informe, también destaca un problema contable detectado en Ciegsa, la sociedad constituida para construir colegios e institutos y otros centros públicos.

Por su parte, el PSPV, en múltiples ocasiones, ha denunciado en las Cortes la gestión ineficiente, los sobrecostes en las construcciones y la opacidad en la información.