Alarte accede a que un diputado del PP sea Síndic de Greuges

El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, levantó ayer el teléfono para comunicarle al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que su partido desbloqueaba la elección del diputado del PP José Cholbi como Síndic de Greuges. El Consell, forzado por el huracán político desatado por la operación Gürtel que instruye el juez Baltasar Garzón, entregó el jueves a la oposición las actas del consejo de administración de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana que los socialistas reclamaban hace casi dos años. La negativa del Consell a dar los documentos al principal partido de la oposición llevó al PSPV-PSOE a congelar la renovación del Síndic de Greuges en noviembre de 2007, cuando el pacto ya estaba cerrado.

Alarte se había comprometido con el presidente Camps en la reunión que mantuvieron el pasado 7 de enero en el Palau de la Generalitat a que desbloquearía la negociación cuando les entregaran los papeles y, como así ha sido, el dirigente socialista cumplió ayer su palabra. Alarte dio instrucciones al portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, para que negociara con el PP.

El presidente de la Generalitat también instruyó a Ricardo Costa, portavoz del PP, para desbloquear el nombramiento con la mayor brevedad, según una fuente oficial de la Generalitat.

El portavoz popular tiene previsto llevar hoy a la Junta de Portavoces de las Cortes la propuesta de acuerdo para que se elija Síndic a Cholbi cuanto antes. Esta semana no hay pleno, pero la propuesta podría salir adelante en el plenario de la siguiente.

La elección de Cholbi requiere el apoyo de dos tercios de la Cámara. Emilia Caballero, Síndic en funciones desde abril de 2006, será adjunta primera a propuesta de los socialistas. El otro adjunto queda en manos del PP, que ha barajado la posibilidad de mantener a Carlos Morenilla, actual adjunto segundo.

El acuerdo para la elección del Síndic rompe una dinámica que mantiene bloqueada en las Cortes la renovación de entidades que requieren acuerdo, como el Consell Valencià de Cultura o los consejos asesores de las universidades.El acuerdo alcanzado entre Camps y Alarte devuelve a las Cortes un papel que los diputados no han podido ejercer a lo largo de toda la presente legislatura puesto que no se ha renovado ninguna institución que requiere mayoría cualificada.

Está por ver si el afán de transparencia que anima al Consell se traduce en hechos. Los socialistas no quisieron que se olvidaran los casi dos años que el Consell ha tardado en facilitar a la oposición una documentación pública. Luna recordó que antes de recibir las actas su grupo tuvo que pedir el amparo de la presidenta de las Cortes, del PP, que lo recibió y que, aun así, resultó imposible acceder a los documentos. "La Audiencia Nacional ha tenido que abrir una investigación para que el Consell, a través de su vicepresidente, Vicente Rambla, fuese a las Cortes a explicar los contratos de esta sociedad", subrayó Luna.

Para los socialistas, el gesto de Jorge Alarte se produce por "compromiso y responsabilidad institucional" y deja en evidencia la falta de reacción del presidente Camps, salpicado por el escándalo de Orange Market, y de su consejero de Gobernación, Serafín Castellano, del que hace solo unos días se supo que ha concedido contratos de obra menores a amigos suyos y tiene en una propiedad suya un parany ilegal.

El acuerdo entre Camps y Alarte coincide con la publicación de la modificación del Reglamento de las Cortes Valencianas que impuso el PP la semana pasada para intentar desplazar del cargo, por segunda vez, a Emilia Caballero.

El primer asalto se consumó en noviembre pasado con una modificación del reglamento del Síndic de Greuges. Carlos Morenilla asumió temporalmente el cargo de Síndic hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana suspendió cautelarmente la modificación del reglamento. El fallo invocó la jerarquía normativa. Un reglamento no puede modificar una ley de rango superior.

El segundo asalto parecía abocado al mismo final, pero en otros plazos. El Reglamento de las Cortes tiene rango de ley y cualquier recurso tendría que dirimirse ante el Tribunal Constitucional.

Rafael Maluenda, portavoz del PP, aseguró ante el pleno de las Cortes que la modificación del reglamento solo pretendía evitar una "anomalía": el hecho de que el primer adjunto al Síndic de Greuges pudiera ocupar el puesto institucional sin límite de tiempo, cuando la ley establece que los grupos parlamentarios deben acordar el nombramiento en el plazo de tres meses.

El portavoz socialista recordó que la modificación de la ley que rige el Síndic de Greuges requiere el respaldo de dos tercios de los diputados, mientras que el Reglamento de las Cortes no pasa de ser una norma meramente instrumental que se puede modificar por mayoría simple.

Ayer, Luna sugirió: "Vamos a intentar modificar esta reforma desde la vía del consenso para no tener que acudir al Tribunal Constitucional".