"Llegaremos hasta el final"

"Nos vamos a plantar". Javier Ventas, ovetense, padre de cinco hijos entre seis y 15 años, no ha modificado su insumisión a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, pese al fallo del Tribunal Supremo que deniega la posibilidad legal de objetar.

Ventas recurrirá y llegará "hasta el final, donde haga falta: el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo o la ONU". En todo caso, matiza: "La sentencia sólo se pronuncia sobre cuatro objeciones". Su recurso está aún en el Alto Tribunal pendiente de sentencia, pero la doctrina del Supremo sobre este tema ha quedado bien clara.

Su primogénita, de 15 años, la única de sus hijos a la que de momento le afecta el caso, seguirá faltando a Ciudadanía. "En una sociedad como la nuestra, en la que conviven distintas visiones del mundo y de la vida, caben dos opciones: que convivamos sin que unos pretendan imponer sus ideas a los demás o que vayamos al enfrentamiento", afirma Ventas. "La respuesta la tienen ellos y dependerá de hasta dónde estén dispuestos a atacarnos", asegura, en referencia al Estado, este ovetense que se declara católico.

"Muchos se han echado atrás porque sus convicciones son débiles"

Ventas, ex profesional de la banca, y docente de formación, juzga que Ciudadanía es una injerencia ilegítima. "Ciudadanía es una invasión por el Estado de un ámbito, la educación de los hijos, que corresponde a los padres", y ello, según Ventas, y con independencia de los contenidos concretos que se impartan, no es asumible: "La asignatura abre una puerta para que el Estado -éstos o futuros gobernantes- pueda imponer a los ciudadanos una visión del mundo y de la vida que no tenemos por qué compartir".

Aunque discrepa también de los contenidos tras haber analizado cinco manuales: "La asignatura, tal y como está concebida, no se limita a abordar cuestiones legales, la Constitución, la democracia..., -todo lo cual sería perfectamente asumible, como ocurre en otros países-. Plantea una visión del mundo y de la vida que el Estado no tiene derecho a imponer. Sería lo mismo que si la Iglesia, como ocurrió en otras épocas, impusiese su visión del mundo a toda la sociedad", precisa.

Este padre de familia, involucrado en la plataforma Asturias educa en libertad, asegura que la sentencia del Supremo no le ha sorprendido ni frustrado. "No hay verdadera división de poderes y por eso poco podíamos esperar".

¿Qué harán las familias insumisas ahora? "Puede haber gente que se asuste y otros que estén dispuestos a llegar a la desobediencia civil y que no entreguen sus hijos al Estado, hagan lo que hagan las autoridades", afirma. "Si yo creo que esto es malísimo para mis hijos, no puedo transigir. Nos vamos a plantar. Estamos hablando de la defensa de derechos básicos recogidos en la Constitución y, aún de forma más clara, en la Declaración Universal de Derechos Humanos".

Para Ventas, la sentencia sólo se pronuncia básicamente sobre la legalidad. "Es un error plantear este debate como un problema legal. La legalidad la define siempre quien tiene el poder y por eso lo legal cambia según los sitios, las épocas y los Gobiernos. Aquí de lo que hablamos es de legitimidad, no de legalidad. Estamos debatiendo de algo más profundo: de la imposición por el Estado de una visión del mundo al individuo".

Las familias que rechazan la asignatura son muchas más, según Ventas, que las que han objetado. "Hay mucha gente que sabe que está siendo atacada en sus derechos fundamentales pero, por lo general, no nos gusta complicarnos la vida, salvo que nos afecte mucho. Pero aquí está en juego la dignidad de la persona. Nos la jugamos todos, no sólo los que tenemos fe. Si aceptamos que decida el grupo (la manada), y no el individuo, esto nos puede llevar al totalitarismo".

Los hijos de Ventas están matriculados en distintos colegios católicos concertados de Asturias. Para los padres insumisos, dice, la situación es más delicada en los centros privados concertados (incluso, los de confesionalidad religiosa) que en los públicos. "Los funcionarios de un colegio público no se deben a nadie. Pero los concertados dependen de la subvención. Las familias objetoras se están encontrando con más dificultades con algunos directores de colegios concertados que con los de los centros públicos".

No percibe, sin embargo, que su hija reciba el "rechazo expreso" de sus compañeros y asegura que "los profesores son respetuosos con la niña", pero admite que para ella "significarse en el grupo siempre es traumático". Y además pesan los perjuicios académicos: "Mi hija obtiene una media de notable y sobresaliente en sus calificaciones y ahora arrastra un suspenso en esta asignatura, lo que le baja la nota media, con el grave inconveniente que ello supone para cuando pretende acceder a la Universidad. Por eso muchos padres contrarios a Ciudadanía se han echado para atrás. Pero esto es porque sus convicciones son débiles. Los perjuicios académicos futuros para nuestros hijos por objetar dependerán de hasta dónde quieran apretarnos. Pero yo confío en que antes de que mi hija se encuentre en esa situación hayamos logrado una sentencia de otro tribunal que nos dé la razón".