"Cuanto más violentamente me tratan, más violento me vuelvo"

"Cuanto más violentamente me tratan, más violento me vuelvo, y cuanto mejor me tratan y más querido me siento, más hago por portarme bien". El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, utilizó ayer estas palabras, pronunciadas por uno de los niños entrevistados por la institución cuando elaboraba su reciente informe sobre los centros de menores, para defender la conclusión: el modelo mediante el cual la Administración intenta reeducar a los menores con problemas de adaptación social es, en muchos casos, un absoluto fracaso. "Hay que superar el esquema de vigilar y castigar", dijo Múgica, que compareció ayer para explicar el contenido del informe en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo.

Frente a la opinión de las fiscalías de Madrid o Cataluña, que han asegurado en estos días que en los centros de menores -de gestión privada en más de un 90% de los casos- no se comete ninguna irregularidad y que no se maltrata a los niños, desde el Defensor del Pueblo se cuestiona lo que se entiende por "maltrato". "Nosotros tampoco hemos visto maltrato que sea constitutivo de delito en estos centros", señaló Manuel Aguilar Belda, adjunto al Defensor. "Si lo hubiéramos visto, habríamos acudido al fiscal. Pero lo que sí hemos visto es un modelo enfermo y situaciones preocupantes que indican que algo no se está haciendo bien".

Algunas de las entidades gestoras de centros de menores que salen mal parados en el informe se han defendido en estas últimas semanas alegando que los menores han usado las entrevistas para quejarse sin fundamento. El Defensor también respondió ayer a estas críticas explicando que escuchar a los niños es un principio fundamental recogido en las leyes que las administraciones olvidan en demasiadas ocasiones: "La voz de los menores nos ha llegado con la autenticidad y la fuerza que les confiere su dolorosa experiencia personal en estos centros". Y no todos se han quejado. Algunos han transmitido "el gozo de sentirse seguros y amparados" o "la alegría de tener amigos o educadores que les comprenden", mientras que, en "demasiados casos", han referido "el dolor y la rabia de haber sido tratados con tremenda rudeza", aseguró Múgica.

El Defensor reclamó la colaboración tanto de Gobierno como de las comunidades autónomas para que se apruebe un reglamento común a todos los centros. La ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera, anunció que ha pedido a los responsables autonómicos en materia de Asuntos Sociales que se cree un grupo de trabajo para abordar este "problema".