Un polígono en obras alberga los juzgados de violencia de género

Cada vez más juzgados, sí, pero pocos medios para atenderlos. Personales y materiales. De eso se quejan los funcionarios de los juzgados de violencia sobre la mujer de Madrid capital en una carta que han enviado al consejero de Justicia, Francisco Granados. La firman 75 personas, que denuncian, entre otras cosas, que el edificio que acoge siete de las 10 salas de Madrid capital no está preparado para su función: pequeñas salas de espera sin ventanas para las mujeres; víctimas y agresores cruzándose por los pasillos, obras constantes que obligan a detener las vistas a causa del ruido... Vallas de obra, contenedores de escombros y palés cargados de ladrillos a la entrada. El número seis de la calle de Manuel Tovar parece cualquier cosa menos el inmueble que acoge siete juzgados de violencia machista.

Su situación, en un polígono industrial del distrito de Fuencarral, a 2,5 kilómetros de plaza de Castilla, tampoco ayuda. Y para que localizarlo sea todavía más complicado, de la fachada -sin número ni identificación alguna como edificio público- cuelgan dos carteles enormes de "en venta". Ni los abogados encuentran la sede de los juzgados, a decir de los funcionarios. El edificio, alquilado por la Comunidad de Madrid, lleva en obras desde que se inauguró, en diciembre de 2007. En algunas zonas todavía se nota un fuerte olor a pintura o disolvente. En las salas de espera que usa el público (testigos, familiares de víctimas y agresores...) no hay calefacción. La falta de mobiliario es palmaria. En uno de los juzgados, los procedimientos se amontonan en cajas en el suelo porque no hay suficientes armarios. El fax está sobre una silla. La impresora, en otra: tampoco hay mesas auxiliares. Una de las salas de espera para víctimas es en realidad una zona de paso que comunica el despacho del secretario con el pasillo. Otra mide 3 por 2 metros y no tiene ventanas. "Se llena de mujeres, muchas veces con niños, que tienen que esperar hasta 8 y 10 horas", relata una funcionaria.

No existe un circuito específico para trasladar a los detenidos, que salen del ascensor y pasan por delante de víctimas y familiares. Mujeres y agresores, detenidos o no, se cruzan, aunque los funcionarios tratan de evitarlo. "Cuando el agresor anda por aquí, pedimos a las víctimas que nos avisen si quieren salir al baño o a beber agua. Nos da miedo que un día pase algo", relata Natividad González, funcionaria del juzgado número 8. En éste se encuentran con un problema añadido. Cuando están de guardia, dependen del número 7, que es el que reparte los casos entre los dos. Pero el 7 sigue en plaza de Castilla, lo que ocasiona retrasos. "Detenidos, atestados policiales, las señoras que solicitan órdenes de protección... Todo va primero a plaza de Castilla y después aquí. Muchas veces no empezamos juicios señalados a las 9.30 hasta las 12", explica.

"Terminamos la guardia hechos polvo", confiesa otra funcionaria. Desde el 1 de enero, siempre hay dos juzgados de guardia en Madrid. Trabajan tres días seguidos de nueve a nueve. Si coincide con fin de semana, acaban enlazando 12 jornadas seguidas. Y sin libranzas. Ni compensación económica. Los funcionarios denuncian que Granados no cumple el acuerdo que firmó con los sindicatos el 27 de noviembre pasado y que tenía que regular las condiciones de su trabajo.

La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior admite que, efectivamente, no está pagando las guardias, y culpa al Ministerio de Justicia por no haber aprobado la orden complementaria que fija calendario y retribuciones. Admite también los "problemas de espacio", pero asegura que la saturación se solucionará cuando se implanten todos los juzgados que ha pedido la Comunidad. El edificio de Manuel Tovar, una "solución temporal" hasta que se inaugure la Ciudad de la Justicia, se encuentra en la tercera fase de las cuatro de que consta la obra. "Trasladamos a los funcionarios porque en plaza de Castilla estaban en peores condiciones", explica una portavoz.