Mirar para otro lado

Hace unos días, en entrevista concedida a El Faro de Vigo, el ya ex candidato como cabeza de lista por la provincia de Orense por el PP, afirmaba que creía saber quien era el "malnacido", que había puesto en circulación la noticia de que había recibido más de doscientos mil euros de un banco portugués a través de un paraíso fiscal, cantidad que se había mantenido oculta al fisco. No había que ser un lince leyendo la entrevista para entender que el malnacido no pertenecía al PSOE o al BNG, sino que estaba en las propias filas del PP.

Parece que también, en la trama de espías el Gobierno de la Comunidad de Madrid que ha sido puesta al descubierto por El PAÍS, no ha sido desde el exterior desde donde ha llegado la información, de la misma manera que parece también que ha sido desde el interior del PP desde donde partieron las primeras denuncias por la trama de corrupción, que está siendo investigada por el juzgado de instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional.

Qué es lo que ha pasado y está pasando en el interior del PP, para que se haya llegado a la situación actual, es posible que no lo sepa nadie, ni ellos mismos, con exactitud. Lo más probable es que nadie sepa la verdad en su integridad, al menos de una manera aproximada, porque estas prácticas corruptas no se dirigen desde un centro, sino que se cuelan en el funcionamiento del partido, escapándose las más de las veces de cualquier tipo de control.

De ahí que lo importante cuando se tiene conocimiento de asuntos de corrupción sea, sobre todo, ver como reacciona la dirección del partido. Suprimir la corrupción al cien por cien sería deseable, pero no parece que sea posible. Lo que sí resulta exigible es que los partidos reaccionen de manera clara e inequívoca cuando un caso de corrupción se conoce.

Y en este terreno la dirección del PP se está deslizando por una pendiente peligrosa. Sin salirnos de Andalucía, hemos visto, por poner un solo ejemplo, como el alcalde de Alhaurín el Grande, imputado por varios delitos y en libertad bajo fianza de 100.000 euros, se defendió en su día tras su declaración en el juzgado en una suerte de mitin improvisado, afirmando que no era a por él a por quien iba la fiscalía y el juez, sino que todo iba dirigido contra el PP.

Y en esta misma semana el mencionado alcalde desplazó a una verdadera hinchada al Pleno de la Diputación de Málaga, en la que se iba a debatir una moción en la que se reclamaba su dimisión y se reprobaba sus ataques a la Fiscalía.

En lugar de cortar por lo sano, la dirección del PP andaluz ha avalado la candidatura del alcalde imputado en las últimas elecciones municipales, dando la impresión de que entiende que los votos de los ciudadanos del municipio exoneran de cualquier tipo de responsabilidad penal al regidor.

Cuando se reacciona de esta manera ante un caso tan notorio como este, la dirección del partido se está maniatando para hacer frente a cualquier otro asunto de corrupción que se le presente. De ahí que no pueda extrañar a nadie que, tras empezar a conocerse la posible ramificación en Andalucía, en municipios dirigidos por el PP, de la red de corrupción investigada en la Audiencia Nacional, la reacción de Javier Arenas haya sido la de atacar ferozmente al Gobierno de la nación que, según él, estaría haciendo uso de manera escandalosa del Ministerio Fiscal para atacar al PP.

Obviamente, los dirigentes del Partido Popolar pueden hacer lo que les parezca oportuno. Pero esa línea de defensa consistente en mirar para otro lado y no para donde hay que mirar, no conduce a ningún sitio. Supone más bien el reconocimiento de la veracidad de lo que se está investigando, que lo contrario. Ellos sabrán.