Alarte se planta a favor del trasvase del Tajo al Segura

Jorge Alarte, secretario general del PSPV, rechazó ayer de forma tajante las enmiendas formuladas tanto por "la dirección del grupo parlamentario socialista en el Congreso, como por la dirección del grupo parlamentario popular" a la actual redacción del Estatuto de Castilla-La Mancha que se tramita en el Congreso de los Diputados. Las enmiendas al estatuto de parte de los socialistas fijan como aspiración de Castilla-La Mancha la caducidad del trasvase en 2015. Las del PP establecen que el trasvase Tajo-Segura se adaptará a las exigencias de la directiva europea que prevé la desaparición de los trasvases en 2015.

"Rechazamos la fecha de caducidad del trasvase, porque es contraria a derecho", sentenció Alarte, "la política hídrica es competencia estatal y sólo el Estado puede definirla".

En segundo lugar, expresó su oposición al establecimiento de una reserva de 600 hectómetros cúbicos de agua del Tajo para uso de Castilla-La Mancha "previa a la llegada de agua a Alicante" porque "esa reserva vacía de contenido el trasvase".

Finalmente, rechazó cualquier "reducción progresiva, paulatina, transitoria o en el tiempo que se pretenda imponer a través de un estatuto que tiene rango de ley de orgánica del Estado".

"El trasvase es legítimo, legal y fruto de un pacto sobre el agua que suponía la renuncia al trasvase del Ebro a cambio de las inversiones previstas en el programa Agua y el mantenimiento del trasvase entre el Tajo y el Segura", siguió el secretario general de los socialistas valencianos, "poner en cuestión el trasvase Tajo-Segura es romper el pacto estatal. No vamos a movernos ni un centímetro. Mientras yo sea secretario general del PSPV la posición no tiene retorno".

Alarte aseguró haber esperado anoche una llamada del presidente de la Generalitat para adoptar "una posición unitaria" ante la tramitación del Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso.Socialistas y populares de Castilla-La Mancha pactaron la primera redacción del Estatuto castellano-manchego y pretendían mantener la unanimidad a lo largo de su tramitación en el Congreso de los Diputados. Representantes de ambos partidos acordaron suavizar la redacción del texto inicial en su punto más polémico, el relativo a la caducidad del trasvase. A última hora del martes, sin embargo, presentaron por separado las enmiendas a la redacción aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha. Las enmiendas no son conjuntas, pero apuntan en la misma dirección. Aunque Ricardo Costa, portavoz del PP en las Cortes, defendió desde la tribuna la "diferencia" entre las enmiendas de cada partido.

Mientras los socialistas mantienen la "caducidad" del trasvase, aunque la trasladan al preámbulo del texto como una declaración de intenciones, el PP plantea que la política hídrica "se dirija a la revisión del trasvase Tajo-Segura en los términos previstos por la directiva 2000/60 del Parlamento Europeo y del Consejo". Precisamente la directiva que se invocó en las Cortes de Castilla-La Mancha para fijar la caducidad del trasvase en 2015.

Los socialistas plantean una reserva de 600 hectómetros en la cabecera del Tajo para consumo de Castilla-La Mancha. El PP también, pero Costa puntualizó: "No en la cabecera, sino a lo largo de todo el territorio de Castilla-La Mancha". En todo caso, previa a la cesión de agua a Alicante.

Alarte, por su parte, avanzó que, de aceptarse la caducidad del trasvase en la redacción final de la ley orgánica los socialistas convocarán a las Cortes Valencianas "para reclamar un recurso de inconstitucionalidad de la norma".