Madrid necesita ventilarse

Al cese del consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, presuntamente implicado en la trama de corrupción investigada por el juez Garzón, y al abandono del cargo por el mismo motivo del ex alcalde de Majadahonda y actual gerente de Mercado Puerta de Toledo, dependiente de la Comunidad, ha seguido la dimisión del alcalde de Boadilla, quien a su vez ha forzado la renuncia de su número dos en ese Consistorio. Tras esta lista no exhaustiva, ¿seguirá la presidenta Aguirre minimizando los indicios de corrupción que pesan sobre el PP en Madrid, con ramificaciones en Valencia, donde ayer se produjo una nueva detención?

La gravedad de los hechos investigados por Garzón no exime al Gobierno de Madrid de explicar el otro asunto que le acosa, el espionaje a altos cargos populares contrarios a la línea política de Aguirre. Las evidencias apuntan a que los seguimientos se llevaron a cabo por funcionarios de la Consejería de Interior de la Comunidad y, por tanto, la comisión de investigación constituida en la Asamblea autonómica no puede limitarse a una faena de aliño para dar carpetazo al asunto. El Parlamento regional es el ámbito adecuado para demostrar la transparencia que Aguirre considera seña de identidad de su Gobierno. Las limitaciones impuestas a la comisión ya resultaban incompatibles con esa transparencia; mantenerlas tras lo que está ventilando la indagación de Garzón resultaría un sarcasmo.

La única diligencia emprendida hasta ahora por la fiscalía en la investigación del espionaje en la Comunidad de Madrid ha sido interrogar al periodista de EL PAÍS que desveló el caso. Y, sin embargo, no es difícil identificar otras iniciativas que podrían ser adoptadas sobre la base de los indicios conocidos. La justicia no puede quedar en vía muerta: o emprende las investigaciones que exigen los hechos, o debe explicar las razones jurídicas por las que desiste de seguir adelante.