Batasuna blanca

Como en las autonómicas de 2005 y en las municipales de 2007, la izquierda abertzale ha presentado una candidatura (D3M) que no oculta su naturaleza como sucesora de Batasuna, y otra que pretende ocultarla, a fin de dificultar su ilegalización. Este segundo papel, que en 2005 desempeñó el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y en 2007 ANV, se atribuye ahora a Askatasuna, un partido legal desde 1998 y que ya se presentó en alguna otra elección.

El Estado tiene dos vías para impedir la concurrencia de esa candidatura. La penal, seguida por el juez Garzón, que imputa a los dirigentes de ese partido un delito de integración en banda armada por haberlo creado, siguiendo órdenes de ETA, para disponer de unas siglas a activar en caso de ilegalización. La ley permite la suspensión cautelar por cinco años de la organización sometida a un proceso de ese tipo. La decisión sobre dicha suspensión la adoptará Garzón el martes, tras escuchar las alegaciones de los representantes legales de ese partido.

La otra vía es la de la Ley de Partidos, en trámite de ejecución de sentencia. Para impedir la concurrencia de una candidatura hay que demostrar que pretende dar continuidad, en fraude de ley, al partido ilegalizado. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han presentado indicios de esa voluntad. Para demostrarla cuentan hoy con la experiencia de lo ocurrido con el PCTV y ANV: fueron ilegalizadas a finales de 2008 tras evidencias de que Batasuna estaba detrás de ambas siglas y tras la confirmación reiterada (en el proceso de paz, por ejemplo) de la supeditación de Batasuna a ETA. Esas evidencias políticas deben traducirse en pruebas de acuerdo con las exigencias propias del Estado de derecho. Pero basta leer la propia prensa de ese mundo, o las reiteradas apelaciones del nacionalismo vasco a que Batasuna se "emancipe de ETA", para comprobar que nadie duda de esa voluntad de continuidad y de esa dependencia.

Un organismo de la ONU ha exhortado al Gobierno español a extremar las garantías en esta materia para evitar limitar la participación política a partidos que "aunque compartan orientación política de una organización terrorista, no apoyan el empleo de medios violentos". Pero la prohibición de Batasuna y sucesores no se debe a sus ideas independentistas (otros partidos lo son y participan), sino a su vinculación a una banda que considera legítimo asesinar a los candidatos de los demás partidos.