Pinto pide tres millones al Gobierno para las nóminas

El Ayuntamiento de Pinto no tiene liquidez para asegurar el pago de las nóminas de sus trabajadores. Por ese motivo, ha pedido al Gobierno de Zapatero que le adelante urgentemente cerca de tres millones de euros para hacer frente a los gastos previstos durante los próximos meses. Este adelanto supone la mitad del dinero de la participación en los tributos del Estado que le corresponde a Pinto hasta final de año. Esta solicitud se produce seis semanas después de la moción de censura que desalojó al PP del Ayuntamiento.

La decisión, adoptada en sesión plenaria con los votos favorables de los tres partidos que conforman el gobierno local (PSOE, IU y Juntos por Pinto), se basa en informes de los departamentos de Intervención y Tesorería, que alertan sobre "los problemas económicos" a los que se enfrenta el Consistorio.

En concreto, Pinto dispone actualmente de algo más de 3,3 millones de euros, mientras que los gastos de personal y funcionamiento precisan de unos 2,2 millones al mes. Además, según dichos informes, está previsto que, a partir de marzo, los gastos tripliquen a los ingresos previstos, a excepción del mes de abril, cuando se recauda el impuesto de bienes inmuebles (IBI).

También descartan la posibilidad de recurrir a los créditos para obtener dinero, puesto que durante el último trimestre de 2008 ya se solicitaron dos por valor de 6,4 y 6 millones, de los que ya sólo quedan en las arcas municipales 17.600 y 650.000 euros, respectivamente. En la actualidad, las deudas pendientes de pago ascienden a más de 33,2 millones.

El pleno transcurrió ayer con total normalidad, a diferencia de lo ocurrido durante la pasada semana, cuando se produjeron enfrentamientos entre parte del público y el edil Reyes Maestre, que fue denunciado por agresión a un menor.

Durante la sesión se acordó también trasladar al Tribunal de Cuentas la gestión llevada a cabo por el PP durante su año y medio de mandato en Pinto. En concreto, el actual ejecutivo, a cuyo frente está Juan José Martín, enviará al tribunal los gastos realizados en 2008 por los populares, que contaron con más de 500 informes negativos de Tesorería e Intervención, así como las facturas por valor de 1,2 millones de euros que carecían de los necesarios trámites de consignación presupuestaria y aprobación de gasto.

El Tribunal de Cuentas estudiará también el pago de hasta 8,7 millones de euros en las dos semanas que precedieron a la votación de la moción de censura del 22 de diciembre. El tripartito no descarta reclamar además responsabilidades penales a los populares.