La Xunta renuncia a expropiar casas para construir viviendas protegidas

Se expropiarán terrenos, pero en ningún caso viviendas. Con esa consigna, la consellería que dirige la nacionalista Teresa Táboas intentará desactivar la creciente oposición al Plan Sectorial de Suelo Residencial, que suma más de 14.000 alegaciones tras su exposición al público. Pero la plataforma que aglutina a afectados de 16 ayuntamientos quiere ir más allá de las palabras, y exige a la Xunta que plasme su compromiso en el propio plan.

El documento, que planifica la construcción de 45.600 viviendas, supondrá la transformación urbanística de 8,7 millones de metros cuadrados de suelo. Su exposición al público entre el 27 de octubre y el 27 de diciembre de 2008, ha generado un número de alegaciones que ya rondan las 14.000, cantidad que podría aumentar cuando se termine de contabilizarlas. "No son demasiadas, teniendo en cuenta la extensión de suelo afectado y precedentes de planes generales como el de Vigo, que recibió más de 60.000", opina una portavoz de la Consellería de Vivenda. El departamento que dirige Táboas asegura que sólo un 10% de las alegaciones son "diferenciadas", en tanto que las demás "se repiten indefinidamente". "Unas 3.000 se limitan a pedir genéricamente la retirada de bolsas de suelo que afectan a no más de 150 propietarios", añaden las mismas fuentes.

Vivenda ofrece de 20 a 60 euros por metro cuadrado de terreno

Pese a todo, la oposición al plan sectorial sigue en aumento. El presidente de la coordinadora de afectados, Manuel Rodríguez, desconfía de la promesa de la consellería de no expropiar viviendas, y asegura que el plan afecta a más de 200. "Sólo en Narón son 40; a ver cómo hace la Xunta para poner en marcha el plan sin expropiarlas", se pregunta Rodríguez. La directiva de la plataforma acusa a Táboas y a la conselleira de Política Territorial, la socialista María José Caride, de "cerrarse al diálogo" con los afectados.

Los terrenos necesarios para el Plan Sectorial se gestionan mediante la declaración de incidencia supramunicipal, gracias a una reforma introducida en la Ley del Suelo en la presente legislatura. Los afectados quieren una valoración de los terrenos acorde con el uso que se les va a dar, y no con la consideración de rústicos que pudieran tener de no ejecutarse el plan. "Pagan como rústico por lo que deja de ser rústico, lo que no nos parece justo", acusa Manuel Rodríguez. La consellería ofrece entre 20 y 60 euros por metro cuadrado, según los afectados.

La consellería de Teresa Táboas no confirma ni desmiente estas cantidades, pero insiste en que el objetivo del plan es adquirir el suelo de mutuo acuerdo "en el 100% de los casos", ya sea por compraventa o por permuta. "Se pagará a un precio justo, de mercado, no especulativo", afirma la misma portavoz de la consellería. La Xunta también dará la oportunidad a los afectados de participar en la promoción de las viviendas. El objetivo del Plan Sectorial es obtener con agilidad suelo residencial para la construcción de viviendas protegidas, con independencia de la situación en la que se encuentre el planeamiento urbanístico de los ayuntamientos.

"Aquí no hay negociación posible", discrepa el portavoz de los afectados. "Estamos en contra de la expropiación masiva de terrenos, cuando hay terreno suficiente en manos privadas que la Xunta puede comprar para transformar en vivienda social", agrega. Vivenda asegura que estudiará las alegaciones "con todo detenimiento". "De hecho, el plan ya se ha retirado en aquellos ayuntamientos donde no fue aceptado", aseguran fuentes de la consellería. Una vez realizado el informe de alegaciones, la consellería volverá a exponer al público el documento, con el objetivo de aprobarlo de forma definitiva "a finales del presente semestre"