Concertación social

Los sindicatos más representativos, UGT y CC OO, han apremiado al Gobierno andaluz para que convoque el pacto de concertación social de Andalucía y se intente detener la sangría del desempleo. El presidente del Gobierno andaluz, no sé si a instancia de los sindicatos o a iniciativa propia, pero basándose en la realidad social, está en esta tarea, y ha destacado que va a dialogar hasta la extenuación. No sé si cuando habla de dialogar hasta la extenuación se refiere a que va a hablar con la banca para que conceda préstamos y abra las puertas de la liquidez o si se refiere a que va a hablar con Arenas que, al igual que el visir Iznogoud, pretende ser califa en lugar del califa -recomiendo la lectura de este visir para entender a Arenas y el caso del espionaje en Madrid- y entiende el paro en términos de desgaste del Gobierno y no de ocupación, lo cual agota a cualquiera por muy presidente que se sea. Las manifestaciones de la patronal andaluza son de otro mundo. No se comprenden en cuanto que cree que "como las competencias claves son del Gobierno central, la Junta no tiene nada que decir".

Seguro que fue un desajuste temporal porque estas expresiones no se corresponden a la realidad legal y autonómica, y pensaba que estaba en Libia. El Gobierno andaluz, conforme a sus competencias actuales y al propio Estatuto de Autonomía, alguna responsabilidad tiene en esto de lograr ocupación en la comunidad, amén de que la propia existencia de una patronal andaluza con representante a la cabeza nos está diciendo que contamos con agentes económicos importantes en estos menesteres, tal y como han destacado los sindicatos.

De todas formas, este apremio de los sindicatos y esta respuesta del presidente del Gobierno no son nada nuevo. Se sabe, cuando menos desde los Pactos de Toledo y del Acuerdo Nacional de Empleo (ANE), que la concertación social; que la presencia de gobiernos, sindicatos y empresas así como sus acuerdos hacen más competitivas las empresas y pueden generar empleo. En todo caso, no está mal destacar que, aún estando en tiempos de crisis, hay que seguir garantizando el progreso social alcanzado.

Hace unos días se ha dictado en EE UU una ley que se conoce como ley de Obama: garantiza que hombres y mujeres ganen lo mismo, y que no prescriban sus derechos porque trascurran 180 días desde que empezaron a cobrar menos. Esta ley viene a hacer un reconocimiento no sólo a favor de Ledbetter -esta persona, cuando iba a jubilarse, conoció que por su condición de mujer y de color ganaba menos que otras personas que hacían lo mismo que ella, y no pudo resarcirse porque sólo tenía 180 días para reclamar- sino que ha sido en reconocimiento de todas las personas que cobren menos por razones discriminatorias. Sus derechos son ya imprescriptibles mientras se mantenga su discriminación.

En España, desde la Constitución, no necesitamos de esta ley. Los actos discriminatorios son imprescriptibles. Viene este recuerdo a esta Ley de Obama, y a la ley española, a decir que sí; que está muy bien la concertación social; que los sindicatos están para llamar al orden a los gobiernos y a sus responsabilidades -por cierto, qué piensan los sindicatos de la huelga de jueces que se nos cae encima por falta de medios cuando muchos trabajadores van en motillo al tajo y con el bocata para no perder tiempo- pero no podemos olvidar los logros alcanzados. En tiempos de crisis es fácil que algunos empresarios aprovechen para establecer condiciones económicas y laborales inferiores a las convencionales, como está ocurriendo en el campo de Jaén. Sí, pues, a la concertación social, pero ni un paso en falso ni atrás que obligue a desandar un camino que no necesita de Ley Obama ni hacer la vista gorda ante actos de esclavitud laboral para que sigan siendo la excepción.