La huelga xenófoba crece en Reino Unido

El movimiento contra la presencia de trabajadores procedentes de la Unión Europea sigue creciendo en Reino Unido. En torno a 1.200 trabajadores de las centrales nucleares de Sellafield y Heysham, en el noroeste de Inglaterra, se sumaron a una huelga salvaje de 24 horas en apoyo de la protesta que desde la semana pasada se desató en la refinería petrolera de Lindsey. El Gobierno ratificó ayer su posición contraria a una protesta que no sólo tiene tintes xenófobos, sino que cuestiona la tradicional posición de liberalismo económico de Reino Unido en la construcción europea.

La protesta tiene su origen en la contratación de 400 trabajadores italianos y portugueses para llevar a cabo la construcción de un proyecto subcontratado por la petrolera Total a otra compañía, la italiana IREM. Los sindicatos locales afirman que los trabajadores británicos han sido vetados por IREM porque esta empresa ha preferido traerse trabajadores del extranjero.

El Gobierno está nervioso. Todas las salidas a la situación parecen negativas

Los obreros locales creen haber perdido calidad de vida y culpan al extranjero

Aunque la protesta siguió creciendo ayer -hubo asambleas y paros parciales de solidaridad en diversas empresas-, su verdadero calado podrá verse dentro de unos días, cuando los sindicatos concreten una jornada de protesta ante el Parlamento que podría ir acompañada de una huelga nacional y extenderse del sector energético al de la construcción.

El Gobierno parece muy nervioso ante un conflicto con multitud de posibles escenarios, todos negativos. La reivindicación última de la protesta -empleo para los británicos, no para los extranjeros- germina con facilidad en un país con tendencia al nacionalismo y el patriotismo y en un momento de recesión económica que ya se siente en la calle. El pánico a que la protesta no sólo hunda al Gobierno laborista, sino que multiplique los apoyos al racista BNP (siglas en inglés del Partido Nacional Británico), ha provocado ya divisiones en el Ejecutivo de Gordon Brown.

El ministro de Sanidad y antiguo líder sindical, Alan Johnson, ha parecido alinearse junto a los trabajadores al declarar el domingo que las directivas europeas deberían modificarse para impedir que sean utilizadas por las empresas para recortar los derechos de los trabajadores británicos.

El primer ministro, Gordon Brown, y el poderoso ministro de Negocios y Empresas y ex comisario en Bruselas, Peter Mandelson, se mantuvieron firmes en defensa de la legalidad vigente y aseguraron que los trabajadores británicos no están siendo discriminados. Lord Mandelson aseguró en una comparecencia en la Cámara de los Lores que "la gran mayoría" de los trabajadores en Lindsey son "británicos", que los extranjeros subcontratados no están en peores condiciones laborales que los británicos y que Total ha garantizado que cualquier vacante en concursos públicos estará abierta a trabajadores británicos. El ministro ha encargado a la mediadora laboral ACAS que realice con urgencia un informe sobre el caso "para conocer todos los hechos y, si se descubre que hay ilegalidades, actuaremos".

Detrás del conflicto palpita el descontento de la clase obrera británica, que cree haber perdido calidad de vida en los últimos años pese al crecimiento económico del país y tiende a culpar de ello a la mano de obra extranjera. La novedad esta vez, además del calibre de la protesta y su inspiración xenófoba, es que choca frontalmente con la tradicional posición británica hacia Europa; aunque los sindicatos han discrepado muchas veces de ello, Reino Unido defiende una construcción europea basada en el liberalismo económico, no en la equiparación al alza de los derechos individuales.

Los trabajadores creen que los problemas de Lindsey tienen su origen en una oscura directiva europea que regula los derechos de los llamados trabajadores desplazados. No afecta a los trabajadores comunitarios que van a otro país a trabajar como empleados o auto-empleados, sino como subcontratados por una empresa de servicios para llevar a cabo determinada tarea. Y sólo esa tarea.

Esa directiva fue aprobada en 1996 con el único voto en contra de Reino Unido y la abstención de Portugal. El Gobierno británico -entonces, conservador- se opuso porque creía que se garantizaban demasiados derechos y eso perjudicaría a sus empresas y sería una traba para extender el mercado interior de servicios, según un informe publicado en 2003 por el Observatorio Europeo de Relaciones Industriales. La posición de los laboristas al llegar al poder un año después no ha sido distinta, y han defendido siempre que la UE no les obligue a armonizar al alza los derechos de los trabajadores en Reino Unido: lo mismo al defender la polémica propuesta de directiva de servicios como al querer degradar el rango legal de la Carta de Derechos Fundamentales.

Tanto la exigencia de que los británicos tengan prioridad sobre los extranjeros como la denuncia de que la contratación de extranjeros presiona a la baja los derechos sindicales socavan la tradicional visión británica de una UE sin fronteras económicas.