La Generalitat debe responder de créditos a empresas por 72 millones

El caso del Grupo Lauren, que se encuentra en situación concursal desde el año 2004 y cuya incapacidad para hacer frente a sus deudas ha acabado haciendo pagar los platos rotos a la propia Generalitat, no es un caso aislado. El Gobierno catalán de CiU ejerció en varias ocasiones la práctica de que sus propios departamentos avalaran créditos concedidos a empresas por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF). De esos créditos deberían, por tanto, responder las distintas consejerías en caso de que las empresas beneficiarias de los créditos en cuestión no devolvieran el dinero. El actual Gobierno tripartito ha prohibido este tipo de prácticas, que considera una subvención encubierta, pero debe gestionar esa herencia. Y Economía no ha dejado de obligar a los departamentos avaladores a poner el dinero cuando el ICF no ha logrado que las empresas le devuelvan las cantidades prestadas.

El último informe presentado al Parlament por la Sindicatura de Cuentas, con fecha de 14 de marzo de 2008, eleva a casi 72 millones de euros la cuantía total de dinero correspondiente a deudas garantizadas por departamentos, y eso que el informe advierte de que sólo se trata de la suma de los créditos "más significativos".

La deuda pendiente de mayor cuantía es la que tenía Hilados y Tejidos Puigneró, que asciende a 23,76 millones de euros. La textil de Osona acabó quebrando hace seis años. Le sigue el crédito otorgado en su día al grupo Mitasa, por un importe de 22 millones. La empresa, cabecera del grupo textil Soldevila había recibido en 1996 créditos para recapitalizar préstamos previamente concedidos al mismo grupo. Mitasa quebró en 2002.

El tercer lugar, por su importe, corresponde a los percibidos por el Grupo Lauren Audiovisual Holding, en varias tandas en 2000, 2001, 2002 y, sobre todo, en 2003. En total, el Departamento de Cultura debe responder por 20,12 millones.

Ya a mayor distancia, otras empresas deudoras son Nuc Textil, cuya deuda garantizada suma 4,219 millones de euros, y por último, Gisturisc, por importe de 1,7 millones.

Economía señala que el pago al que están obligados departamentos como los de Industria (hoy Innovación, Universidades y Empresa) y Cultura tienen carácter "ejemplarizante". Si se obliga a que los departamentos paguen, es "para que cada uno de ellos asuma sus avales y compromisos de manera responsable". El departamento de Antoni Castells añade que esos departamentos no pueden quejarse de que estos pagos les quiten recursos para abordar sus políticas: esas partidas no deberían contabilizarse entre sus previsiones anuales de presupuestos, sino que se trata de un importe extra que se añade a efectos contables a su presupuesto. "Si no existiera la deuda, el departamento no dispondría igualmente de ese dinero".