¿Qué harían en Alemania?

Por quinta vez consecutiva, la próxima cita electoral viene antecedida por un nuevo episodio de la porfía de la izquierda abertzale que no condena a ETA por burlar la proscripción de la Ley de Partidos y el intento de los poderes del Estado por evitarlo. A diferencia de lo que sucedió hasta la ilegalización de Batasuna y sus otras marcas en 2003, ha desaparecido prácticamente el debate jurídico sobre hasta dónde puede llegar el sistema democrático para protegerse de quienes tratan de aprovechar sus resortes para atentar contra la convivencia y cuáles son los procedimientos adecuados. En su lugar, florece una controversia aprovechada y llena de apriorismos que sólo conduce al destino previamente prefijado. Sin embargo, entre la simplona consideración de que es ETA todo lo que pasa por sus alrededores y el angelismo de que la resignación es la única respuesta que le cabe a la democracia, existe una amplia franja para la discusión y la interpretación, para la política y la justicia.

Entre la simplona idea de todo es ETA y la parálisis hay margen para actuar

Los derechos de asociación y participación políticas son elementos constitutivos de la ciudadanía, y su restricción, en consecuencia, sólo puede plantearse en circunstancias extraordinarias. Pero no deja de ser excepcional la existencia de un partido sin censo de militantes cuyo elemento definitorio -más allá de defender una Euskal Herria independiente y socialista- es considerar justificado "el accionar" de una organización terrorista, por utilizar el eufemismo de Arnaldo Otegi. Un accionar que tiene entre sus objetivos a todos los militantes de los partidos que la organización terrorista tacha como enemigos y que desde 1995, cuando ésta decidió "socializar el sufrimiento", ha quitado la vida a 26 cargos electos y afiliados de esas formaciones políticas.

La tolerancia cómplice de Batasuna y marcas sucesivas ante una violencia dirigida desde 1997 a eliminar a sus adversarios es el motivo cabal de su ilegalización, después de que la justicia llegara, con pruebas y procedimientos más o menos solventes -ésa es otra discusión-, a la misma conclusión que proclaman a diario las formaciones nacionalistas más críticas con la ley de Partidos: que hay una sujeción de la cúpula de Batasuna, en sus orientaciones estratégicas, a los dictados de una organización terrorista. En otras palabras, que en el MLNV las decisiones políticas las tomas los militares. Por supuesto que chirría el hecho de que un sector considerable de la sociedad vasca -alrededor de un 10% del censo electoral- pueda ver coartado su derecho de votar en las urnas a la formación que desea. En los próximos días, el Tribunal Supremo o el juez Baltasar Garzón habrán de decidir si existen motivos para anular por esa dependencia las nuevas criaturas promovidas por la izquierda abertzale. La agrupación electoral Demokrazia 3 Milioi y el partido durmiente Askatasuna repiten el esquema del señuelo y la apuesta buena que practicó con Aukera Guztiak y EHAK en las autonómicas de 2005 y con Abertzale Sozialistak (AS) y ANV en las municipales y forales de 2007.

Algunos discursos sin matices y la impugnación aleatoria de listas de ANV que se hizo hace dos años, en los estertores del proceso de paz, no ayudan ciertamente a centrar en su meollo una cuestión que quizá no se zanje siquiera con el pendiente pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el recurso presentado por Batasuna contra su ilegalización. Mientras tanto, los argumentos a favor o en contra se mueven más en el ámbito de los prejuicios interesados que en el de los argumentos. Y el cálculo de los efectos que la presencia o ausencia del mundo de Batasuna en el nuevo Parlamento vasco va a tener en la continuidad o cambio del Gobierno terminan por contaminar el debate.

De las contradicciones no se libran los partidos nacionalistas, detractores absolutos de la mera posibilidad de que se proscriba un partido, aunque máximos cortejadores de los votos que quedan huérfanos de representación por la anulación de formaciones que pretenden ser continuadoras de las ilegalizadas por los tribunales. Habría que ver si mantendrían ese criterio en el caso de que fueran sus militantes y cargos electos los asesinados por la vanguardia terrorista de un movimiento político. Sin descartar la sinceridad del rechazo del PNV y EA a cualquier limitación de derechos, lo cierto es que su postura de pública denuncia de la ilegalización resulta condición imprescindible para poder aspirar a recibir el voto útil de quienes no quieren dirigirlo a una candidatura anulada.

El Tribunal Constitucional ha dejado establecido que los integrantes de partidos ilegalizados no pierden el derecho al sufragio pasivo, pero que "no procede ejercerlo sobre un partido que trata de continuar a la formación ilegalizada". Lo cual retrotrae la discusión al punto de arranque. ¿Cabe permitir la participación electoral y financiar con fondos públicos a una formación que no desaprueba una estrategia político-militar que se traduce en la amenaza y el asesinato de los rivales políticos por parte de su referente totémico? Por supuesto que una contestación negativa supone aceptar una exclusión excepcional en el sistema democrático. Sin embargo, quienes se apresuran a responder afirmativamente deberían reflexionar antes sobre si una situación como la que se da en Euskadi sería aceptada en países tan impecablemente democráticos como Alemania o Francia sin que sus instituciones aplicaran unos instrumentos legales similares a los que se han tenido que utilizar en España.