Las tres claves secretas del enredo

Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, ha recibido uno de los encargos más envenenados de su carrera: investigar las supuestas malas prácticas de un Gobierno del PP, el de la Comunidad de Madrid, que lidera con aplastante autoridad Esperanza Aguirre, el principal y, a estas alturas, casi único referente de la corriente crítica del partido.

La tarea se complica porque las personas a las que debe investigar Cospedal (Esperanza Aguirre, Ignacio González o Francisco Granados, entre otros) han sido, hasta hace muy poco, sus jefes políticos directos, sus principales mentores o sus amigos de escapada veraniega.

Pese a todo, según cuentan algunas de las personas que han pasado ya por la "sala de interrogatorios" de Cospedal está intentando hacer una investigación fría y profesional. Y eso que algunos de los sujetos que pueden resultar cruciales para desentrañar todo lo ocurrido (principalmente ex policías que han trabajado en el servicio acusado de espionaje) se niegan a comparecer con la excusa de que no pertenecen al PP.

González debe de ser el cargo con más 'dossiers' sobre sus adjudicaciones

Empresas molestas al perder concursos han indagado sobre su patrimonio

El escenario en el que se maneja Dolores de Cospedal tiene unos actores que se mueven en un círculo de intereses políticos y tiene otros actores en una obra de teatro paralela donde lo que manda son las implicaciones económicas.

La decisión de Cospedal respecto a la investigación abierta puede marcar un antes y un después en la historia del PP. Así están las cosas.

- La guerra de los dossiers. La guerra de los dossiers es muy vieja en la Comunidad de Madrid. A comienzos de la primera legislatura de Esperanza Aguirre, octubre de 2004, proliferaron los informes secretos que se lanzaban contra el PP buscando vinculaciones entre algunos dirigentes populares y el denominado tamayazo (la fuga de dos diputados socialistas en una votación crucial que impidió a Rafael Simancas ser presidente de la Comunidad de Madrid y dio una segunda oportunidad a Esperanza Aguirre para ganar en las urnas ese puesto). Se hallaron muchos vínculos entre el PP, sus aledaños y Eduardo Tamayo, el último gran tránsfuga de la democracia española, pero nadie acreditó una compra del voto que hubiera implicado responsabilidades penales.

Más tarde llegó la adjudicación de la explotación de la Plaza de Toros de las Ventas, un negocio supuestamente muy apetitoso, en el que el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, empezó su exitosa carrera para reclutar a legiones de enemigos. La empresa perdedora recurrió a los tribunales. Y González, según explican desde el Gobierno regional, empezó a sospechar que Alfredo Prada, entonces segundo vicepresidente de la Comunidad, que compartía con él los máximos galones después de la presidenta, le hacía luz de gas y se aliaba con sus enemigos para informar contra él. Prada siempre lo ha negado. Por si acaso, González y la presidenta le pusieron a Prada, que era consejero de Interior, un guardián ex policía llamado Sergio Gamón al que colocaron como director general de Seguridad, neutralizando a la persona de confianza de Prada que hasta entonces ejercía, sin tanto cargo, ese mismo puesto. Luego llegaron más dossiers sobre las propiedades de González, las hipotecas de sus casas, las adjudicaciones a sus familiares, amigos y conocidos, sus tratos de favor a empresarios especialmente beneficiados en el Canal de Isabel II, la poderosa compañía pública que preside.

- Empresas molestas. Los intereses económicos de empresas molestas por no haber sido beneficiarias del maná de la Comunidad de Madrid, una administración rica y gran inversora, han arrojado durante los últimos cuatro años una concienzuda cadena de sospechas sobre el honor de González y algunos cargos de su confianza a los que ha colocado en sitios estratégicos. Esas empresas perdedoras en múltiples concursos encuadernaron sus sospechas y denuncias en carpetas donde aparecían datos públicos que se pueden encontrar en el Registro Mercantil o en el Boletín Oficial de la Comunidad junto a algunos detalles, a veces sorprendentes, de la vida privada de González. Así completaban un panorama sombrío sobre supuestas prácticas corruptas del vicepresidente de la Comunidad. Él siempre lo ha negado. Es el alto cargo de Madrid, y probablemente de España, que más dossiers por adjudicaciones sospechosas tiene. Y lleva dando explicaciones de su honorabilidad mucho tiempo. Lo tuvo que hacer ante su propio partido porque Álvaro Lapuerta, tesorero nacional los últimos 25 años, quiso saber más de sus propiedades en 2006. Y en 2008, el propio Lapuerta se sentía espiado por las personas sobre las que puso sus sospechas, entre ellas el propio González.

- Enemigos irreconciliables. Desde la Consejería de Interior se hicieron seguimientos al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo; al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada; y a su hombre de confianza y director de Seguridad en la Ciudad de la Justicia, Juan Carlos Fernández. Los dos políticos espiados no apoyaban precisamente a Esperanza Aguirre en la batalla por el poder del PP y se declaraban enemigos irreconciliables de Ignacio González. El espionaje, documentado, ocurrió entre marzo y mayo de 2008, cuando caían chuzos de punta sobre el PP tras la derrota electoral. Los ex policías que hicieron el seguimiento citaban en sus partes a sus jefes directos: Sergio Gamón y Miguel Castaño, que no despachaban casi nunca con el consejero de Interior, Francisco Granados, según ha declarado. El viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter, es quién manda en Gamón. Y Halffter confía tan poco en Granados como el consejero confía en él, porque sabe que es un hombre de González. El consejero del Interior ya intentó acabar con Sergio Gamón cuando éste irrumpió con cuatro de sus hombres en un despacho de la consejería de Justicia donde pensaba que se guardaban dossiers muy comprometedores para él mismo y para miembros del Gobierno regional. Pero una semana después de destituir a Gamón, le volvió a nombrar. Y ahí sigue.