Granados evita poner la mano en el fuego por nadie

Llevaba una noticia en la manga, y con eso creía haber salvado un día muy complicado. Francisco Granados, el consejero de Justicia e Interior de Esperanza Aguirre, el hombre sobre el que cae todo el peso del escándalo de espionaje, esperó al último minuto de su comparecencia en la Asamblea de Madrid, después de una importante paliza dialéctica de las dos portavoces de la oposición, para buscar la salida: "Se ha hecho por parte de la secretaria general técnica una información reservada. Se ha tomado testimonio a los altos cargos, se entrevistó a asesores y personal eventual que se insinúa en las informaciones podrían estar implicados. Hemos comprobado turnos de noche, viajes... La comprobación ha sido absolutamente negativa".

El responsable de Interior no aportó pruebas de la pesquisa interna

Aguirre sigue sin decidir si el PP aceptará la comisión de investigación

Era lo que todos, incluso en el PP, pedían hace días: una investigación. Granados había esperado para ofrecer esa comprobación y así obtener ese triunfo mediático. Pero algo falló. Inés Sabanés, de IU, le hizo la pregunta más complicada: "¿Puede usted poner la mano en el fuego por todas las personas que trabajan en su consejería?". Granados rehuyó la respuesta. Y no puso la mano en el fuego. Y a la salida, preguntado por la prensa, dejó muy claro cómo está la situación interna en la Comunidad de Madrid, donde ya nadie se fía de nadie y los políticos viven en vilo esperando nuevas revelaciones periodísticas. "¿Por qué no ha contestado cuando le preguntan si puede poner la mano en el fuego?", le preguntaron. "Yo he dicho que se ha hecho una comprobación con resultado negativo. Evidentemente, la comunidad es muy grande y yo he hablado con los que he hablado".

Con esta frase críptica, Granados no hacía más que confirmar el comentario generalizado de los políticos del PP estos días. Todos dan por hecho que el espionaje a Manuel Cobo y Alfredo Prada salió de la Dirección General de Seguridad -en uno de los partes se llega a decir "sale nuestro director, Sergio", el nombre propio de Gamón, entonces director de ese centro- aunque nadie hace apuestas sobre quién lo ordenó.

Granados sólo pudo garantizar que él no ha hecho nada y que sus comprobaciones para buscar al culpable no han tenido éxito. Nada más. De hecho, el consejero, en tono comedido, lejos de la agresividad de otros miembros de su Gobierno, como Juan José Güemes, abrió la posibilidad de que los periódicos aún aporten novedades: "Si siguen apareciendo cuestiones en los medios, seguiremos investigando, pero de lo que tenemos hasta ahora, nada nos lleva a concluir que hubo espionaje en la Consejería de Interior". La clave política a partir de ahora, además de la investigación interna del PP nacional, con su secretaria general, Dolores de Cospedal, a la cabeza, es saber si el equipo de Esperanza Aguirre acepta una comisión de investigación que piden PSOE e IU. Granados apuntó hacia el sí. Pero fuentes del PP de Madrid señalan que hay un fuerte debate en el seno de la cúpula aguirrista, y que aún no hay una decisión. El asunto se votará la próxima semana.

Granados se aferró en todo momento a la presunción de inocencia para pedir a la oposición que espere a que se aclaren más las cosas para sacar conclusiones. La diputada popular Cristina Cifuentes se quejó de que, incluso antes de escucharle, ya le habían declarado culpable. Sin embargo, Granados no ofreció pruebas concluyentes y más bien apeló a la confianza de Sabanés y la socialista Encarnación Noya. Dijo que se habían comprobado todo tipo de pistas que podían conducir a los autores del espionaje, pero no habló de pruebas caligráficas (los informes publicados por EL PAÍS contienen notas manuscritas) ni entregó pruebas de esa investigación interna que habría descartado el espionaje (como serían las horas extra que se pagaron el día que Prada fue seguido mientras salía de cenar con su mujer y su hija a la una de la madrugada).

El consejero aguirrista armó su defensa con un pase constante de la pelota a otros rivales. Sobre todo a Alberto Ruiz-Gallardón, ex presidente de la Comunidad, que fue quien, dijo, desarrolló la unidad de seguridad creada por el socialista Joaquín Leguina y que en épocas del alcalde llegó a tener hasta 60 personas, 20 más que ahora. Gallardón, gran rival de Aguirre, ha dado públicamente credibilidad a las informaciones de EL PAÍS (en privado casi todos los dirigentes de Génova se la conceden) por lo que Aguirre amenazó con llevarle a los tribunales si no rectificaba. Granados insistió en la línea de defensa de los aguirristas en los últimos días: "Somos víctimas, han espiado al vicepresidente, somos los primeros interesados en que se aclare todo".

Sabanés y Noya armaron su ataque en torno a la ausencia de una investigación interna, algo que Granados desmontó parcialmente al final de su intervención, aprovechando el turno de cierre. Las dos le pidieron insistentemente su dimisión ante la gravedad de las revelaciones periodísticas. "Usted viene aquí a divagar y explicarnos la estructura de su consejería. Sin embargo, la realidad es que su consejería está cuestionada, esto es una catástrofe democrática, usted va tarde y mal, debería ser cesado o dimitir. Váyase, y así será más fácil que la democracia se recupere de este escándalo", sentenció Sabanés.

Especialmente dura fue también Noya, que calificó de "burla" que Granados se limitara a explicar las competencias de su consejería con la que está cayendo. "Aguirre dice que quiere esperar a que amaine. Son sus palabras. Pero el temporal va a peor. Porque ustedes están todos contra todos. Y niegan lo evidente, lo cual es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Nadie podrá entender que no apoyen una comisión de investigación. Si no lo hacen, a usted que le gustan los refranes, harán bueno ese que dice 'El que algo teme, algo debe".