La ubicación de la perrera acapara el pleno municipal de Barcelona
PSC y ecosocialistas defienden un solar del parque de la Oreneta y ERC duda
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Ni la reforma de la Diagonal, ni el proyecto del nuevo zoo marino y la transformación de la Ciutadella. Ni cómo volver a situar Barcelona en el panorama de la moda -tras el plantón de Bread and Butter-, ni si los servicios municipales estuvieron a la altura en el vendaval del pasado fin de semana. Ni el informe de los proyectos que se harán con los 282 millones de euros del plan de ayuda local del Gobierno central. Ni mucho menos los puntos del orden del día -entre ellos el último trámite de la cesión del solar para la biblioteca provincial de Barcelona junto a la estación de Francia- que aprobaron equipamientos que utilizarán los barceloneses. Lo que focalizó ayer el plenario del Ayuntamiento de Barcelona y en lo que se emplearon más a fondo los regidores de gobierno y oposición fue en la perrera. Sin llegar a tomar ninguna decisión porque eso se hará con votación formal en una comisión de urbanismo. Ayer, lo que desató el debate fue una propropuesta de CiU que pedía la constitución de una comisión de todos los partidos para consensuar la localización del centro de acogida de animales, que es la denominación formal del equipamiento.
Hasta 15 emplazamientos distintos en la ciudad y en poblaciones limítrofes se han barajado para ubicar la nueva perrera, con una capacidad para 450 animales, entre perros y gatos. Un equipamiento que debe servir no sólo para acoger a los animales abandonados y que puedan ser adoptados sino también como centro educativo abierto a escuelas. La ubicación que eligió al final el bipartito, en octubre pasado, fue un solar en el parque de la Oreneta. En él se ha proyectado un edificio aislado acústicamente porque no está muy lejano de edificios de viviendas y de varias escuelas, entre ellas Aula y Costa Llobera. Ése fue ayer uno de los caballos de batalla de la oposición -tanto de CiU, como del PP y ERC-, que el lugar elegido no era el adecuado porque tenía cerca centros educativos. "Precisamente, para aislarla se plantea un edificio cerrado con vidrio, lo que obliga a instalar un sistema de aire acondicionado. Por eso resulta tan cara", argumentó Jordi Portabella (ERC). El coste de la perrera es de nueve millones de euros entre la edificación que construir y la mejora de los accesos, argumentó la quinta teniente Imma Mayol (ICV-EUiA).
Los republicanos -que inicialmente no explicitaron su oposición a la ubicación de la Oreneta- se decantan ahora por otro solar, en la finca de Can Calopa, también en el distrito de Sarrià. "Con mucho menos dinero se puede hacer allí la perrera", se sumó Xavier Trias, presidente de CiU, que se mostró muy crítico a destinar nueve millones de euros a una perrera "en los tiempos que corren". Mayol argumentó que la ubicación de Can Calopa resulta inviable por ser un espacio protegido de Collserola en el que no se puede edificar.
Al final, la regidora ecosocialista recriminó a la oposición que la razón verdadera de su rechazo sea otra: "ustedes quieren la perrera pero sólo en según que sitios de la ciudad". Lo cierto es que la localización de la perrera en la Oreneta ha molestado a algunos de sus posibles vecinos, especialmente a la escuela Aula. Es un malestar que la dirección de ese centro ha transmitido al alcalde de la ciudad, Jordi Hereu, y la concejal Imma Mayol. Y a la oposición. Y ha sido escuchada con atención.
Consulta de la Diagonal
La consulta para la reforma de la Diagonal fue uno de los puntos que concitó más unanimidad en el pleno de ayer, pero con matices. Todos los grupos municipales están de acuerdo en que el principal paseo de la ciudad se tiene que poner al día con más transporte público y un espacio amable para las personas. También hay unanimidad en que una consulta ciudadana es un buen instrumento de participación. Los matices llegaron al debatir el universo de la consulta que se celebrará en abril de 2010. El bipartito y ERC defienden lo que dice la Carta Municipal: todos los empadronados mayores de 16 años. CiU argumentó que habría que establecer "un mínimo" de residencia en el caso de la inmigración. Más tajante fue el PP, que insiste en vetar la participación de inmigrantes.
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