Cobardía política

Como no podía ser de otra manera, el Tribunal Supremo puso fin a la situación esperpéntica que se ha prolongado durante casi año y medio en relación con la enseñanza de la asignatura Educación para la Ciudadanía, contemplada como asignatura obligatoria en la ley orgánica actualmente vigente que regula el derecho a la educación.

Es absurdo que se haya tenido que llegar hasta aquí y que se haya necesitado tanto tiempo para resolver un problema que simplemente no existía. Únicamente desde posiciones rabiosamente fundamentalistas y, por tanto, inequívocamente antidemocráticas se podía poner en cuestión no sólo la legalidad sino también la legitimidad de la inclusión de la asignatura como obligatoria en los estudios de bachillerato.

Es obvio que a esta situación se ha llegado como consecuencia de que un número no pequeño, pero si muy minoritario, de padres ha ejercido derechos constitucionales que tienen reconocidos, en especial el derecho a la tutela judicial efectiva, y han acudido a los tribunales para que les fuera reconocido un inexistente por imposible derecho a la objeción de conciencia por entrar en contradicción la impartición de la asignatura con el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones.

Pero no es menos obvio, al menos para mí, que este disparate ha sido posible por la cobardía del PP. Desde que se aprobó la ley orgánica, el PP, aunque estaba en contra de la misma, sabía que era una ley constitucionalmente irreprochable. Por eso, teniendo la posibilidad de que 50 diputados, 50 senadores o diversos gobiernos o parlamentos de las comunidades autónomas por ellos dirigidas interpusieran recurso de inconstitucionalidad contra la ley, no lo hicieron. El PP no ha tenido nunca la más mínima duda de que la impartición de educación para la ciudadanía como asignatura obligatoria era plenamente constitucional y que era, por tanto, una obligación de los colegios impartirlas y de los alumnos cursarlas.

También sabía que era un disparate la campaña de boicotear la aplicación de la ley a través de los recursos contencioso-administrativos contra los actos de ejecución de la misma y que dicha campaña no iba a conseguir otra cosa que perturbar la normalidad académica de manera transitoria y nada más.

Y sin embargo, no ha tenido el valor de decirle a la sociedad que, aunque no le gustara la ley y que, en el momento en que llegara al Gobierno, intentaría cambiarla, la ley era una ley aprobada por las Cortes Generales y que tenía que ser obedecida. Y la dirección nacional no ha tenido el valor de decirle a las comunidades autónomas en las que gobierna que tenían que hacer cumplir lealmente la ley y no enredarse en todo tipo de zancadillas a su aplicación.

Convendrán conmigo en que, si la dirección nacional del PP y los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP hubieran actuado de esta manera, no habría existido propiamente conflicto en torno a la enseñanza de educación para la ciudadanía. Se habrían interpuesto recursos de manera individualizada con toda seguridad, pero tales recursos habrían sido algo anecdótico. Ha sido la cobertura que le ha dado el PP la que le ha dado una dimensión de conflicto político.

Al final para nada o, mejor dicho, para tirar piedras contra su propio tejado. Un partido de gobierno tiene que tener el coraje de decirle a sus votantes cuáles son las obligaciones de inexcusable cumplimiento en una sociedad democrática y no seguirles la corriente en una protesta fundamentalista y antidemocrática. Un partido de gobierno tiene que acreditar su condición de tal también cuando está en la oposición.