Las indemnizaciones a las víctimas del Ulster provocan indignación

"El proceso de paz, como bien sabemos, tiene aún un largo camino que recorrer", afirmó ayer en Belfast el mediador surafricano Brian Currin. No se refería a la reconciliación en Suráfrica tras el largo periodo de racismo que padeció la población negra, sino a la reconciliación en Irlanda del Norte tras 40 años de disturbios que dejaron 3.700 muertos. Instantes antes, cientos de personas reunidas para la presentación formal de las propuestas sobre la reconciliación en el Ulster habían presenciado o protagonizado una escena de agria tensión, con un tenso intercambio de insultos y reproches que por un momento pareció que podía llegar a mayores.

Una de las propuestas está en el origen de este rebrote de un odio que nunca ha estado muy enterrado a pesar de que se ha acabado la violencia política: la de compensar con 12.000 libras (casi 13.000 euros) al familiar más próximo de cada una de las víctimas mortales de los disturbios, sin distinguir el bando al que pertenecían ni las circunstancias de su muerte. Es decir, sin entrar a valorar si fueron sólo víctimas o víctimas y verdugos a la vez.

La propuesta prevé compensaciones de 13.000 euros para los familiares

El escenario de esta enésima prueba de que el odio es más difícil de enterrar que las armas fue uno de los centros neurálgicos de los disturbios: el salón de baile del hotel Europa, en el centro de Belfast, que los expertos en el conflicto de Irlanda del Norte consideran el hotel más bombardeado del continente. Allí estaban ayer los que siempre se opondrán al entendimiento del unionismo con el Sinn Féin, como el eurodiputado Jim Allister, líder de la extremista Voz Unionista Tradicional, que mostraba pancartas contrarias a las indemnizaciones. Allister opina que con esa medida "se pone a los terroristas heridos por sus propias bombas al mismo nivel que a las víctimas inocentes". O Cedric Wilson, antiguo miembro de la Asamblea del Ulster, y Willie Frazer, de Fair (siglas en inglés de Familias Actuando por Parientes Inocentes), un grupo de familiares de víctimas que siempre se ha opuesto al proceso de paz. Los dos especialmente activos ayer en ese salón de baile.

El plan ha sido elaborado por una comisión independiente formada en junio de 2007 por el Gobierno británico. El denominado Grupo Consultivo sobre el Pasado está presidido por el ex primado de la Iglesia de Irlanda (protestante), lord Eames, y por Danis Bradley, primer vicepresidente del Consejo de Gobierno del Servicio de Policía de Irlanda del Norte.

La comisión ha presentado un informe de 190 páginas que eleva al Gobierno británico una treintena de recomendaciones. Además de las indemnizaciones, propone crear una Comisión del Legado que deberá estar presidida por una personalidad internacional y otros dos miembros y deberá tutelar la forma genérica en que se aborda el llamado legado de los disturbios. Para afrontar ese pasado, los Gobiernos de Londres y Dublín pondrán sobre la mesa 300 millones de libras (325 millones de euros), incluyendo los 50 millones de euros que pueden costar las polémicas indemnizaciones.

Una nueva unidad de información recogerá de forma privada información de los paramilitares y los servicios de seguridad para establecer cómo y por qué murieron las víctimas del conflicto. Pero la comisión ha propuesto que no se abra ninguna nueva investigación pública sobre las matanzas. Ésa es también una propuesta polémica porque hay dos casos en los que se sigue reclamando esa investigación: la bomba de Omagh, con la que disidentes del IRA mataron a 29 personas en agosto de 1998, cuando ya se habían firmado los Acuerdos de Viernes Santo; y el asesinato del abogado católico Pat Finucane en febrero de 1989. Oficialmente asesinado por lealistas, los republicanos siempre han creído que en el atentado participaron también los servicios secretos británicos.