Dolores, la 'okupa' del Puerta de Hierro

"Venga, cariño, que te vas a poner bien. Que ya estás mejorcita", susurra Lola al oído de su madre mientras la cubre de caricias. Sabe que no es cierto. Que Dolores Espejo, de 88 años, ya no se va a poner bien. Lo sabe, aunque querría ignorarlo, porque es lo que le dicen los médicos del hospital Puerta de Hierro. Dolores no volverá a hablar, ni a moverse, ni a comer de otra forma que no sea a través de una sonda. Pasará lo poco o lo mucho que le quede de vida postrada en una cama. Eso le dijo la médica que el 19 de enero firmó el alta de Dolores. Lola y sus tres hermanos se la tienen que llevar a casa. O a una residencia privada. Por eso siguen, más de una semana después, en la habitación B132 del Puerta de Hierro. Como si fueran okupas. Quieren que Dolores pase sus últimos días en un hospital geriátrico.

Los hijos de Dolores calculan que una residencia cobraría 5.000 euros

"¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo?", repite entre mimos Lola, sentada a la cabecera de la cama. Dolores no da muestras de reconocerla. Aunque a veces parece que trata de decir algo. No puede. "Déjalo, mamá. No te esfuerces." Dolores llevaba dos años en una residencia privada. Necesitaba ayuda para todo, pero hablaba con sus hijos y se movía en silla de ruedas. El 26 de diciembre empeoró. "Ingresa con decaimiento y somnolencia", dice el informe de alta. Y añade "fiebre y dificultad respiratoria".

Aunque estaba "dada de alta desde el 16 de enero", el hospital espera al 19 para "encontrar residencia, de entre las propuestas por la trabajadora social", según el informe. "No nos parece que una residencia pueda prestar los cuidados hospitalarios que necesita", se queja Lola. Su madre está sondada, sigue un tratamiento con antibióticos, analgésicos, parches para la insuficiencia cardiaca... "¿Es posible que no se pueda hacer nada?", se pregunta.

Es posible. Los médicos consideran que Dolores no necesita los cuidados médicos que justifican una hospitalización en un centro de media o larga estancia. Tampoco se puede quedar en el Puerta de Hierro, un hospital que atiende patologías agudas. "Ingresó con infección respiratoria y cuando el cuadro remite le dan el alta", explica una portavoz. Y tampoco pueden trasladarla a una unidad de cuidados paliativos. "Los médicos no la consideran enferma terminal. Ese es el tira y afloja. Nosotros creemos que sí y que la seguridad social debe cubrir en esta etapa unos cuidados mínimos", se queja Juan, otro de sus hijos.

Más de dos años después de la aprobación de la Ley de Dependencia, que reconocía un nuevo derecho, el del cuidado de las personas que no se valen por sí mismas, a la familia de Dolores le quedan dos opciones. Una es llevársela a casa, algo inviable para todos los hermanos. Unos, por trabajo. Lola, porque vive a 50 kilómetros de Madrid, en una casa de campo "que no reúne condiciones". "Yo sola no puedo cuidarla". La otra es volver a ingresarla en una residencia. Por su nivel de ingresos, Dolores no tiene derecho a una plaza pública. La residencia anterior les costaba 2.200 euros mensuales. Pero ahora que Dolores ha empeorado, asistirla supone más dinero. Calculan que entre 4.000 y 5.000 euros. Inasumible.

"Nos dicen que si hay complicaciones volvamos a urgencias. Y yo cómo calibro que empeora", dice Lola. "Tiene derecho a asistencia sanitaria", insiste Juan. No hay presiones para que se vayan. "Alguna vez nos recuerdan que tienen enfermos que necesitan una cama", dice Juan. Una portavoz de Sanidad apuntó una solución: "Hay que darse un plazo para llegar a un acuerdo". "Sabemos que mi madre no debería estar aquí. No pedimos esta atención ni habitación individual. Estamos casi violentos porque hay gente que está peor". Pero quieren seguir luchando. Creen tener derecho.