Los espías requisaron un 'dossier' del consejero de Interior y de su esposa

El espionaje desde dentro. Un dossier con información supuestamente comprometedora para el consejero de Interior y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, circulaba por dependencias de la propia Comunidad de Madrid, según sostienen altos cargos del Ejecutivo regional. Granados, sin embargo, nunca ha tenido conocimiento de que existiera ese dossier sobre su patrimonio, según fuentes próximas al consejero.

Uno de los principales cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre ha confirmado a EL PAÍS que ex agentes que trabajan en el área de Seguridad de la Consejería de Interior, desde donde se han hecho seguimientos a políticos del PP, requisaron el ordenador donde se encontraba presuntamente el dossier contra Granados en un despacho de la Ciudad de la Justicia, sociedad dependiente de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid.

La documentación supuestamente comprometedora para Granados se encontraba, según las mismas fuentes del Gobierno regional, en el despacho de Juan Carlos Fernández, hombre de confianza del ex consejero de Justicia, Alfredo Prada. Fernández era director de Seguridad de la Ciudad de la Justicia, y, meses antes de que le requisaran documentos en su despacho, había sido uno de los objetivos de los seguimientos a políticos por ex policías a sueldo de la Comunidad de Madrid. El consejero Alfredo Prada también fue investigado y seguido por los espías.

El 27 de junio, el entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, fichado por la presidenta Esperanza Aguirre, y cuatro de sus colaboradores, aprovecharon la ausencia de Juan Carlos Fernández para entrar en su despacho y requisar documentos. Lo hicieron un día después de que el jefe de Fernández, el consejero Alfredo Prada, fuera destituido por Esperanza Aguirre.

El dossier incluía información sobre el patrimonio de Francisco Granados y de su esposa, e intentaba vincular al consejero con empresas constructoras, tomando como base el vehículo particular del consejero de Interior que estaba a nombre de una empresa y que resultó intencionadamente incendiado para centrar la atención sobre su propietario. Por contra, personas del entorno de Granados apuntan en privado que el dossier no le comprometía a él sino al vicepresidente, Ignacio González. Lo sorprendente es que distintos miembros del Gobierno de Aguirre reconozcan en privado saber el contenido de un ordenador cuya requisa -robo, según la denuncia- nunca han reconocido oficialmente, ni devuelto.

En efecto, en octubre de 2006, el coche del consejero Granados fue incendiado cuando estaba estacionado en el aparcamiento de la urbanización de Valdemoro en la que reside. La investigación descubrió que el incendio había sido intencionado (la policía encontró aceleradores del fuego en el interior del coche) y que el vehículo, un Mini Cooper descapotable, estaba a nombre de una constructora de Valdemoro, Grandes Locales de Negocios.

Granados explicó entonces que el vehículo era de su esposa, pero que el concesionario en el que lo compró no había tramitado aún el cambio de titular por problemas burocráticos. El PP pidió inmediatamente que la Fiscalía General del Estado investigase si el incendio en el domicilio del consejero Granados tenía relación con el caso del Ayuntamiento de Ciempozuelos, donde acababa de dimitir el alcalde socialista, Pedro Torrejón, por un escándalo urbanístico de supuesto cobro de comisiones ilegales. El juez que investigó el caso Ciempozuelos, Agustín Carretero, fue fichado posteriormente por el consejero Granados como alto cargo de su consejería.