El boicoteo sindical le cuesta a Fontestad 6.000 euros

Fontestad cercenó los derechos sindicales de UGT y debe pagarle 6.000 euros para compensar la imposibilidad del sindicato de defender los derechos de los trabajadores y de haber podido trabajar en aumentar el número de afiliados en el centro laboral. Así lo reconoce una sentencia de la Sala de Lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El tribunal desacredita el recurso presentado por la mercantil a la sentencia de primera instancia, define la actitud de la compañía como de "contumaz negativa al reconocimiento de la sección sindical", reconoce que su actitud ha sido la de poner "numerosos obstáculos" a la labor sindical y entiende que si bien el primer fallo ya dio la razón a UGT, esta formación tiene derecho a una compensación.

El tribunal señala los "numerosos obstáculos" a la actividad de UGT

El contencioso entre la empresa y UGT se remonta a 2004. Desde entonces, las diferencias crecieron en intensidad hasta el punto de llegar a los tribunales por varios despidos que resultaron improcedentes y que estuvieron ligados al ejercicio sindical. Fontestad, con base en Museros y 2.000 empleados en plantilla, se dedica al manipulado, envasado y almacenaje de cítricos. Cuenta con dos comités de empresa, uno en la actividad de envasado y manipulado, y otro en la actividad de recolección. Cada uno de ellos tiene 13 miembros y todos de UGT.

Sin embargo, en 2004, la empresa aprobó junto a una representación de los trabajadores que excluyó a UGT un convenio de aplicación para todos los empleados.

En ese contexto, se publican los convenios autonómicos de Recolección de cítricos y de Manipulado y envasado. Y UGT convoca una reunión informativa en abril de 2004 para discutir con los trabajadores los convenios y la posibilidad de celebrar nuevas elecciones. A partir de ahí, la relación con la empresa entra en su época más tensa. La empresa no facilita las reuniones con los trabajadores en los locales de la mercantil y se le deniega la posibilidad de contar con un despacho para atender a los empleados.

La situación se concreta en el despido de las que fueron elegidas como delegadas sindicales. Esos despidos son declarados improcedentes, incluso en segunda instancia. UGT llevó también a los tribunales la actitud de la compañía y el pasado verano ganó el fallo, aunque sin una compensación económica expresa.