Más de 3.000 familias han sido desahuciadas de viviendas públicas

Las viviendas promovidas por las administraciones públicas para satisfacer las necesidades de las clases menos privilegiadas han sido con frecuencia objeto de ocupaciones ilegales con operaciones clandestinas de traspaso que han generado toda una picaresca a la que las instituciones intentan ahora poner coto. Desde el año 2000, la Junta de Andalucía ha instruido 3.277 expedientes de desahucio de casas del parque público que estaban ocupadas ilegalmente, de los que 528 están actualmente en ejecución.

En Andalucía existe un parque público de 69.187 viviendas de promoción pública de titularidad autonómica repartidas en 491 municipios, de las que se estima que unas 38.000 están realmente ocupadas por sus arrendatarios titulares.

El 79% del parque público de viviendas está en régimen de alquiler

El resto o está desocupada, o habitada por inquilinos que no tienen derecho sobre ellas o que si lo tienen no están en condiciones de acreditarlo. El fenómeno pone en evidencia las deficiencias en la gestión realizada por las administraciones públicas, que no han sido capaces de controlar el uso de las casas por parte de sus verdaderos adjudicatarios. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un plan para la regularización jurídica de las viviendas y la reparación del parque existente, ya que en muchos casos las casas están en condiciones de abandono y son inhabitables.

Además de los 3.277 desahucios tramitados, la Junta ha concluido ya los trámites de normalización de 4.552 casas y tiene en trámite las de otras 2.581 nuevas. La mayoría de estas situaciones se localizan en barriadas con problemas de exclusión social en los que el objetivo de los planes de intervención, además de depurar la situación jurídico-registral de las viviendas y el establecimiento de un régimen de derechos y obligaciones, son las actuaciones encaminadas a la integración social.

Uno de los frutos, es que el 71% de los adjudicatarios de viviendas públicas en régimen de alquiler cumple ya con sus obligaciones del pago de la renta correspondiente y además están comprometidos en el funcionamiento y mantenimiento de las comunidades de vecinos, órganos exigidos por la administración para la ejecución de sus planes de rehabilitación de viviendas y otras actuaciones de asistencia social.

La Administración intenta además implicar a las comunidades y a los propios vecinos en el control del uso correcto de las viviendas y en evitar las transacciones ilegales de éstas. Según datos de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, en los últimos ocho años se han invertido más de 58 millones de euros en planes de reparación y mantenimiento que han beneficiado a 25.720 viviendas.

De las 69.156 viviendas de titularidad pública que gestiona la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), la inmensa mayoría, 79%, están en alquiler. El resto están ocupadas por inquilinos con derecho a la propiedad, 9.844 en régimen aplazado, que pagan plazos al finalizar los cuales obtienen las escrituras, y otras 4.759 en acceso diferido, lo que significa que la Administración mantiene la gestión hasta que se adjudican las escrituras.

Además, en las situaciones con mayores problemas de integración social, la Administración regional impulsa en colaboración con los ayuntamientos planes integrales de actuación en zonas con necesidades de transformación social que van mucho más allá de la mera gestión de los inmuebles y persiguen la dinamización de las barriadas con programas de empleo y cobertura social.

Hasta el momento, se han diseñado y están en ejecución planes en 10 ámbitos: El Puche (Almería), El Saladillo-La Piñera (Algeciras), La Constitución (Jerez), San Martín de Porres (Córdoba), Almanjáyar (Granada), Huerta Carrasco (Motril), El Torrejón (Huelva), Arrayanes (Jaén) , Los Asperones (Málaga) y San Miguel-El Castillo.-La Coracha (Alcalá de Guadaira).