Garzón, Otegi, ETA

Las ocho personas detenidas ayer en el País Vasco y Navarra por orden del juez Garzón trataban de recomponer la dirección de la ilegalizada Batasuna, según informó el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. La mayoría de los miembros de la anterior Mesa Nacional fueron detenidos en octubre en Guipúzcoa. Rubalcaba indicó que la operación era el resultado de nueve meses de investigación policial.

Prosigue, por tanto, la estrategia de acoso al entorno de ETA seguida por el Gobierno y la Audiencia Nacional, cada cual en su ámbito, desde la ruptura de la tregua. Mientras estuvo vigente, hubo una tolerancia de hecho respecto a determinadas actividades públicas, incluyendo la participación electoral. Esa actitud cambió tras la vuelta a los atentados.

El pasado fin de semana, el antiguo portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, fue entrevistado en un local público, ante cientos de personas, por tres periodistas. Su argumento central fue que a la izquierda abertzale le convenía llevar la confrontación al terreno político: al de "los argumentos políticos, en el que ellos [el Estado español] son más débiles". Sin embargo, cuando se le preguntó si seguía "teniendo vigencia la lucha armada", rehuyó la cuestión diciendo que el debate no es ése, sino el de "cómo ganar".

Cuatro días después ETA difundía un escrito en el que, lejos de rehuir el asunto, asumía el asesinato del constructor Uría como forma de defender sus ideas sobre el Tren de Alta Velocidad, y el bombazo contra las sedes de varios medios de comunicación, como respuesta, entre otras cosas, al empeño de tales medios en llamar terroristas a los que ponen bombas y asesinan empresarios. Mientras ETA siga matando y amenazando, y su brazo político negándose a disociarse de los pistoleros, estará justificado que la justicia impida la reconstrucción de Batasuna y su participación electoral, incluso bajo siglas de conveniencia.