La Xunta, obligada a devolver a una mujer los bienes incautados

Mercedes Rodríguez Moriz tenía 80 años y vivía sola en uno de los tres pisos de un centenario edificio de doble fachada que había heredado de su madre en el centro de Vilagarcía. Hasta que un día, en octubre de 2002, dos policías nacionales fueron a buscarla a casa para llevarla al juzgado. Allí comenzó un verdadero calvario que dura más de seis años y que no tiene visos de acabar a corto plazo.

"Señoría, estoy bien, no quiero irme al asilo, quiero volver a mi casa, sólo pido que me la arreglen, porque unos gandules me la han destrozado". Pero las súplicas de Mercedes al juez en aquel momento no le sirvieron de nada. Un informe del aparejador municipal declaraba ruinoso el edificio y un segundo dictamen de un médico forense la incapacitaba a ella con un diagnóstico lapidario: "Su curación es improbable".

Unos parientes recurrieron la incapacitación dictada por el juez

El último fallo del juzgado certifica las plenas facultades de Mercedes

Esa misma tarde, Mercedes Rodríguez se negó a ingresar en el asilo de Vilagarcía y fue trasladada en ambulancia a la residencia de ancianos de Beariz (Ourense) donde permaneció durante más de dos años. Convencida de que el Ayuntamiento iba a arreglarle la casa y de que pronto abandonaría aquel lugar, pasó los día cuidando a su compañera de habitación, aquejada de de Alzheimer.

Un par de meses después, el juez entregó la tutela de Mercedes Rodríguez a la Funga, la fundación de la Xunta que atiende a personas incapacitadas. En un fallo posterior, ya en 2004, el mismo juzgado autorizó a la fundación pública a vender el edificio -tres plantas en el centro de Vilagarcía- por el que un promotor pagó 55.000 euros. Según la escritura notarial, el promotor se comprometía además a entregarle a Mercedes un piso de 60 metros cuadrados cuando concluyesen las obras del nuevo edificio que pretendía levantar en el solar.

La visita de unos familiares al asilo precipitó la judicialización del caso. Cuando llegaron a Vilagarcía y comprobaron su óptimo estado psíquico, los parientes de Mercedes reclamaron su tutela y recurrieron ante el juez la incapacitación. El 2 de febrero de 2005 un nuevo informe pericial obligó al juez de Vilagarcía, José Antonio Vázquez Taín, a rectificar y a devolver la capacitación a Mercedes Rodríguez, que a día de hoy no ha recibido un duro por la venta de su patrimonio.

El pasado 21 de enero, la jueza que relevó a Vázquez Taín en la instrucción del caso firmó una providencia que instaba a la fundación -que ahora depende de Vicepresidencia- para que en el plazo de un mes devuelva a Mercedes Rodríguez todas sus propiedades y lo acredite documentalmente.

La anciana no sólo reclama su antiguo patrimonio, sino también sus enseres personales y los muebles de la casa que hizo su padre, ebanista de profesión. "Esto ha sido un calvario, desde que comenzaron a tirarme las vigas, y petardos al tejado para que me fuera de mi casa", recuerda Mercedes en pleno uso de sus facultades mentales. "Me decían 'vende, porque este edificio es una ruina'. Y me fui de allí con lo puesto, dejando mis joyas, un clavillo muy bonito que tenía, las alianzas de mis padres, y los muebles, que dicen que están en el ayuntamiento", se lamenta.

La mujer tampoco está de acuerdo con el valor por el que se vendió el edificio, del que no consta una peritación previa. De hecho, un informe pericial que figura en la documentación en poder del juez, firmado por la empresa de tasación Gesvali, ha valorado el solar en 550.000 euros, sin contar los 318 metros cuadrados de superficie construidos, ni la piedra de la fachada cuyo paradero es otra incógnita. "Estoy dispuesta a llegar hasta el final porque a base de informes falsos y engaños me han dejado en la calle. Espero que, esta vez, se haga justicia", añade.