Denuncias desde la trinchera

Lleva 14 años sumergida en la pena. Viajando desde los barrios marginales a la cárcel. Allí recoge los datos que alimentan sus informes: centenares de presos ven violados sus derechos en esta España moderna y democrática del siglo XXI. Aunque quiere ver un rayo de esperanza:

-Todo no es tan horrible. A veces pasan cosas buenas.

-Dígame alguna.

Silencio. Medita. ¿Algún preso que se haya rehabilitado tras su paso por la cárcel?

-Sí-, exclama aliviada. Tengo un amigo que tras una vida espantosa en un barrio marginal, drogodependiente, agresivo, con un homicidio a sus espaldas, ingresó en prisión y dejó la droga gracias a Proyecto Hombre. Logró la condicional y hoy tiene una vida normal, muy normal.

"La justicia fue para mí una decepción. Se condena a gente por sus antecedentes"

"Ante una violación de derechos, lo primero que hace el polítíco es negarla"

-¿Cuántos dedos de la mano necesitaría para contar otros casos como ese?

Su rostro se ensombrece. Levanta la mano derecha y dice:

-Uno, uno o dos.

El coche enfila los arrabales de la capital, camino del centro penitenciario Sevilla II. Isabel Mora Grande tenía 24 años y un título de abogado cuando comenzó a transitar estas sucias calles de polígonos industriales. Era pasante en un bufete. Se había especializado en derecho penal y penitenciario. Un compañero era voluntario en el servicio jurídico de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha).

-Yo era inquieta, inconformista y contestataria. Me daban mucho coraje las injusticias. Mi amigo me llevó a la asociación. Era el trabajo social que estaba buscando.

Hoy, esta joven nacida en Huelva hace 37 años, es la coordinadora general por elección de la Apdha. Le gusta esta ONG porque, al contrario que otras, no es asistencial. "Nosotros no nos dedicamos a dar de comer a la gente, sino a defender sus derechos". Para eso, "tienes que meterte en la trinchera, conocer los problemas de la gente y hacerlos tuyos".

En la trinchera de cárceles y derechos civiles, una de las áreas más sensibles de la Apdha, lleva Isabel desde 1995. Recopila violaciones de derechos, anota injusticias y las denuncia. La más reciente, el calamitoso estado de salud de la población reclusa andaluza.

A finales de 2008, en la comunidad había 16.236 reclusos, según el Ministerio del Interior. De ellos, 1.298 (8%) son enfermos mentales. Otros 6.494 (40%) sufren trastornos mentales y de personalidad. Muchos de ellos están en prisión por falta de centros más adecuados y en contra de lo previsto en el Código Penal para los presos con trastorno mental grave. Súmenle el hacinamiento.

El coche se detiene ante la alambrada que rodea el recinto penitenciario. En la cárcel hay 1.700 presos. Está al 170% de su capacidad. El hospital psiquiátrico anejo el porcentaje es mayor: el 220%, con un total de 180 reclusos. Sólo hay un psiquiatra, que va dos veces al mes a la prisión.

La salud general arroja cifras igual de aterradoras: el 10% de los internos padece sida, el 40% hepatitis C y el 5% tuberculosis. Más la droga:

-El 80% de los presos son drogodependientes. Todo el mundo pasa droga, los familiares, los presos, los funcionarios. El año pasado, hasta el mes de septiembre, fallecieron por sobredosis ocho reclusos.

Los padres de Isabel, él ingeniero técnico y ella ama de casa, forman una familia "tradicional". Habrían querido para su hija una vida más acomodada. "No entienden mucho mi vida, la verdad, aunque me dejan vivirla". Ahora están más tranquilos, porque Isabel, además de dedicar horas y horas de forma gratuita a la Apdha -nadie cobra, salvo unos pocos contratados- es desde el pasado año funcionaria por oposición de la Junta.

¿Una contestataria y antisistema, como ella misma se define, funcionaria?

Hay una explicación: desde que terminó la carrera ejerce como abogada. Trabajaba en despachos privados, en el turno de oficio, daba clases en una academia, y atendía el servicio jurídico de la Apdha. Sus ingresos eran escasos y variables, pues trabajaba como autónoma.

-Como abogada, me interesaba el derecho penal y penitenciario y eso no daba mucho dinero. Vas creciendo y vas teniendo más claro lo que te gusta. Y lo que me gustaba era la asociación. Más que el dinero.

Solución: al tiempo que preparaba a otros alumnos para opositar, ella misma estudió y aprobó. Desde el pasado año trabaja en la Dirección General de Consumo de la Consejería de Gobernación. En realidad, lo que hizo fue comprar horas libres para dedicarlas a su pasión: la defensa de gente desamparada, las denuncias de los fallos del sistema.

La asociación presenta sus informes al Defensor del Pueblo, al Parlamento, a la prensa. ¿Tienen buena acogida? Más bien no.

-Lo primero que hacen los políticos ante una denuncia nuestra, si el tema no es muy conocido, es negarlo. Lo niegan todo. Lo que los mueve a actuar es si la denuncia tiene repercusión mediática.

Al final, con tesón se consigue algo. "Hace años se negaba la existencia de la droga en las prisiones, ahora se habla de los programas de ayuda a los internos drogodependientes". Lo mismo sucede con las denuncias sobre la salud de los presos. "Que la Administración, al final, lo reconozca, es un éxito. Porque lo mejor para que las violaciones de derechos no queden impunes, es sacarlas a la luz".

Entonces es cuando Isabel encuentra alguna satisfacción. Porque aunque llegó a la abogacía "con una ilusión tremenda", y aún hoy sigue sintiendo esa pasión, "la justicia para mí ha sido una decepción". Creía que la justicia era "realmente justa". Pero la realidad se impuso: "Se pasa muy por encima de los temas, entre los abogados de oficio hay una falta de interés impresionante y muchas veces se condena a alguien por sus antecedentes".

Gentes como las que ella defiende, y que habitan en los barrios marginales y en algunos agrupamientos chabolistas que atraviesa cada día cuando se dirige hacia la prisión Sevilla II a cargar su maleta con más penas y miserias.