El Poder Judicial acusa a los huelguistas de causar indefensión

Dos son los patrones contra los que cerca de un millar de jueces y magistrados votaron el miércoles organizar una huelga para el próximo 18 de febrero. Uno de ellos, el Consejo General del Poder Judicial, no se había pronunciado radicalmente en contra del paro hasta ayer, cuando, mediante un comunicado, cargó por primera vez contra los más de 800 miembros de la judicatura (el 18% del total) que el miércoles apoyaron esa movilización calificándolos indirectamente de "irresponsables" y acusándolos de intentar "dejar indefensos a los ciudadanos en su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva".

El Gobierno -segundo patrón en el conflicto- ha mostrado repetidamente su rechazo a la protesta negando que los jueces tengan derecho a la huelga. Su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, como ya hizo el ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, vinculó ayer el paro a la sanción disciplinaria contra el juez Rafael Tirado, que no encarceló a un pederasta hasta que, presuntamente, asesinó a la niña de Huelva Mari Luz Cortés.

Casi todas las juntas y asambleas de jueces y magistrados que se reunieron el miércoles se manifestaron a favor de la huelga. Pero de las 55 reuniones sobre las que el Consejo consiguió recabar datos, 24 respaldaron la más inmediata, la del próximo 18 de febrero, que deja menos margen al Gobierno para tratar de dar curso a las demandas del colectivo, que la aprobada por las asociaciones judiciales, que retrasaron la convocatoria de huelga al 26 de junio en caso de que Gobierno y Consejo no den pasos hacia sus reivindicaciones. En total, según el Consejo, fueron 829 los jueces que votaron a favor de la medida más radical.

Ayer, el Consejo del Poder Judicial los llamó irresponsables al asegurar que "la mayoría de los jueces y magistrados" había optado por la "responsabilidad institucional y el diálogo". Las "precipitadas" medidas de presión que adoptaron, proseguía el comunicado, "podrían dejar indefensos a los ciudadanos en su derecho a la tutela judicial efectiva".

Zapatero, tras insistir en que las movilizaciones están ligadas al caso Mari Luz, recordó que el ministro de Justicia ha convocado a las asociaciones el próximo lunes "para dialogar". "Primero se dialoga, y luego, en todo caso, se toman las decisiones", dijo el presidente, que recordó que su Gobierno es el que más plazas judiciales ha creado (1.000, dijo) y ha duplicado la inversión tecnológica, dos de las principales demandas de los jueces.

El PP hizo ayer el primer amago de utilizar la protesta como arma contra el Ejecutivo. Federico Trillo, portavoz de Justicia, pidió la comparecencia urgente de Bermejo en el Congreso. Hasta ahora, el PP se había mantenido neutral porque cree que los jueces no pueden hacer huelga y, sobre todo, porque hoy se cumplen seis meses desde que Zapatero y Mariano Rajoy firmaron el pacto para la Justicia que, con la petición unilateral de Trillo podría romperse definitivamente. A esa petición se unió ayer la del grupo de ERC, IU e ICV, con el apoyo del PNV, para que se reúna la Diputación Permanente del Congreso para decidir antes de febrero las comparecencias de Bermejo y del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar.