La trama desata las amenazas en el PP madrileño

La trama de espionaje está minando las relaciones entre los populares madrileños. El intercambio de acusaciones ha llegado incluso a la amenaza de acudir a los tribunales. En un bando están los que no dudan que detrás del grupo de agentes está la Consejería de Interior, como el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón; el vicealcalde, Manuel Cobo, o el ex consejero de Interior Alfredo Prada. Los dos últimos fueron sometidos a vigilancia. Y en el otro están los que lo niegan, como el propio consejero de Interior, Francisco Granados, y al que se ha sumado, un poco más tarde, el vicepresidente de la comunidad, Ignacio González, éste también investigado.

En un principio, ni siquiera González dudó de que esas grabaciones y seguimientos sólo los podía haber hecho alguien que estuviera "muy cerca" de él. Y así lo hizo constar en su denuncia ante la fiscalía. Ayer varió su discurso y negó tener la menor idea de quién le ha estado espiando, en una rueda de prensa que dio junto a Granados. Y fue más allá: negó que el espionaje pudiera venir de la Consejería de Interior y amenazó con denunciar a todo el que culpe a la Comunidad de Madrid de estar detrás de la trama sin pruebas en la mano.

En concreto, se refirió al alcalde de Madrid y a sus declaraciones el miércoles en el programa 59 segundos de Televisión Española. Gallardón acusó a Granados de tener "un cuerpo parapolicial" que era ilícito puesto que la Comunidad "no tiene competencia en seguridad". "Si los seguimientos están hechos por estas personas, es un delito", aseguró Gallardón.

"Salvo que alguien tenga una prueba fehaciente que acredite la existencia de una trama de espionaje no se puede hacer ninguna afirmación en el sentido de las que hizo el alcalde", le respondió González. Y amenazó con denunciarle: "Vamos a exigir a quien haga este tipo de imputaciones sin acreditarlas, que rectifique y, en el caso de que no se proceda a estas rectificaciones, tendremos que actuar judicialmente".

Tanto González con Granados sostuvieron ayer que la trama de espionaje en el Gobierno de Aguirre es "una gran mentira". Sólo reconocieron las grabaciones a González. Lo demás, dijo el vicepresidente regional, "no está acreditado". Para intentar desmontar la información publicada por EL PAÍS, Granados se escudó en que Marcos Peña, jefe del departamento de asesores de seguridad, entró a trabajar "meses después" de los seguimientos. Una información que ya publicó este periódico. El consejero, sin embargo, no explicó por qué los espías identifican en sus notas como "nuestro director" al que era el director de Seguridad de la consejería, Sergio Gamón, en ese momento. "Eso no significa absolutamente nada. Es como [el dossier] si dijera 'entra nuestro presidente, Zapatero", respondió Granados.

Aseguró que ya ha llevado a cabo "una investigación verbal" en su equipo de seguridad y que "todos niegan de forma categórica que se hayan producido esas actividades". Y añadió que el Gobierno regional no tiene "que demostrar que eso no se está produciendo". Para él, la responsabilidad recae en las "personas, medios o instituciones" que poseen pruebas o documentos.

Granados remitió ayer una carta a EL PAÍS en la que, acogiéndose al derecho de rectificación, afirma que "es falso que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya ordenado seguir, vigilar o investigar a los altos cargos del PP de Madrid". Asimismo, Granados niega que en su Consejería de Presidencia, Justicia e Interior "se dedique personal o cualquier otra infraestructura que tenga como finalidad el seguimiento, investigación o vigilancia que suponga la quiebra de derechos constitucionales de ciudadanos o empresas".