Extranjería paraliza más de 1.200 solicitudes de trabajo de paquistaníes

Nabi H., paquistaní, de 35 años. Lleva cuatro años en España, en el limbo legal, y siete meses esperando a tener un permiso de trabajo. "He ido ya cuatro veces y me piden un papel distinto cada vez", se queja, justo después de explicar un currículo de trabajos en almacenes y servicios de limpieza. En total, hay unas 1.200 solicitudes, de permisos o renovaciones, de ciudadanos paquistaníes como Nabi que esperan desde hace unos ocho meses una respuesta en la Oficina de Extranjería de Barcelona. El motivo es que el certificado de penales que pide el Gobierno central debe ser de carácter estatal, mientras que el que ofrece Paquistán es regional porque la policía del país se organiza de esta forma.

CC OO dice que la economía sumergida ha vuelto a niveles de 2004

"Pero no ponen los mismos problemas a los ciudadanos de otros países, también Estados Unidos y la India tienen un sistema de policía regional", sostiene Javed Ilyas, presidente de la Asociación de Trabajadores Paquistaníes de Barcelona. Además asegura que ha habido un cambio de criterio y han tratado de solventar las que aseguran nuevas exigencias de Extranjería, y "ya hay una oficina en Islamabad que está trabajando en este asunto". Aun así, algunos de los expedientes en espera, asegura, se han empezado a rechazar.

En la delegación del Gobierno en Cataluña dejan claro que "no hay una parálisis", sino que los expedientes "están a la espera de la documentación necesaria". "No es suficiente con un certificado penal de carácter regional, porque eso sólo significa que la persona en cuestión no tiene antecedentes en dicha región, pero no se sabe nada del resto", señalan fuentes de la delegación del Gobierno.

Mientras el Ministerio de Trabajo también explica que está trabajando con Pakistán para llegar a un acuerdo, los trabajadores paquistaníes lamentan que se encuentran entre dos fuegos. "El Gobierno español nos remite al Pakistán y Pakistán a España, así que se pasan la pelota de unos a otros y nos quedamos en el medio", señala Ilyas.

Comisiones Obreras se quejó ayer de esta situación y, en general, denunció los "criterios rígidos" que sigue Extranjería a la hora de conceder los permisos de trabajo y residencia en España desde que Celestino Corbacho es ministro de Trabajo. El sindicato ha detectado en 2008 un repunte de la situación de irregularidad y de la economía sumergida, que han vuelto a niveles de 2004, antes del proceso de regulación que aprobó el Gobierno central y a pesar de que los ciudadanos de Rumania y Bulgaria ya no pueden formar parte de este colectivo desde su entrada en la Unión Europea (UE).

Según los datos de la red del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE) de Comisiones Obreras, el 51% de los inmigrantes que pidieron asesoramiento trabajan de forma irregular, ya sea porque no tienen la autorización legal o porque tienen los papeles en regla pero no tienen contrato. "Mucha gente vuelve a caer en la irregularidad por no cotizar los meses necesarios y, como consecuencia, no puede renovar el permiso", explicó el secretario de Inmigración de CC OO de Cataluña, Ghassan Saliba.

Los colectivos más perjudicados son los procedentes de Marruecos y Bolivia, que a su vez forman parte de los principales países de origen, junto con Ecuador, Colombia y Argentina. Los procedentes de Rumania ya no están en la lista porque han pasado formar parte de la UE.

Por sectores, la construcción, los servicios, la hostelería y el comercio encabezan la destrucción de puestos de trabajo.

"Hace falta flexibilidad por parte de las oficinas de Extranjería y del Ministerio de Trabajo; si no, la irregularidad subirá mucho", destaca el sindicato. Este repunte de la inmigración irregular no se debe sólo a las dificultades para renovar permisos de trabajo, sino a nuevos llegados a España a través del turismo.