Populares y socialistas corregirán el último informe sobre el urbanismo

Eurodiputados españoles del PP y del PSOE corregirán con enmiendas el borrador de informe sobre los abusos urbanísticos que ayer presentó la parlamentaria danesa Margrete Auken ante el plenario de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Los grupos tienen de tiempo hasta el 27 de enero para presentar sus aportaciones.

En el texto, que ambos partidos encuentran sesgado o cuando menos duro, la eurodiputada verde aconseja una moratoria para los planes urbanísticos valencianos que no tengan garantizado el agua, la reforma de la legislación urbanística valenciana y que se puedan retener los fondos europeos que recibe España si no se acaban con los casos de abuso. Esto último y la queja de Auken por la actuación del Tribunal Constitucional español "por no haber proporcionado una interpretación exhaustiva del artículo 33 de la Constitución Española", referido a la propiedad privada, es lo que más ha molestado a los eurodiputados de los dos principales partidos. El eurodiputado popular José Manuel García Margallo calificó el texto de barbaridad y anunció una redacción alternativa. "El artículo 33 de la Constitución condena la expropiación forzosa sin indemnización adecuada", defendió el político ante el pleno.

Los populares europeos critican la ausencia del Gobierno español

Los eurodiputados David Hammerstein y Willy Meyer avalan a Auken

La socialista Maruja Sornosa, encontró el texto "mejorable" y avanzó enmiendas contra el ataque al sistema judicial español. También propondrán que se elimine del texto la palabra moratoria, que se apueste por un gran acuerdo urbanístico que acabe con el modelo de los últimos años, y que no se amenace con la reserva de fondos comunitarios.

El diputado David Hammerstein, de los Verdes/ALE, y Willy Meyer avalaron el contenido del informe Auken.

Los políticos -hasta 16 intervenciones- no fueron los únicos que intervinieron ante el plenario. Por el estrado pasaron la Síndic de Greuges, Emilia Caballero, o la secretaria de Medio Ambiente de la Generalitat, María Ángeles Ureña, quien además de rechazar el informe de Auken se quejó -al igual que la ponente del informe, el presidente de la comisión Marcin Libicki y los populares españoles- de que el Gobierno español, citado a la sesión de ayer, no hubiera enviado a ninguno de sus representantes. "El título del informe se refiere al urbanismo en España, por lo que no debería terminar siendo un juicio contra nuestra región", apostilló. A la parlamentaria socialista Inés Ayala le tocó apagar este fuego y achacó la ausencia del Ejecutivo a que la invitación de la Comisión llegó tarde.

Desde su posición de síndic de Greuges, Caballero repitió en Bruselas lo que tantas veces ha defendido la institución. La síndic insistió en que no pueden aprobarse planes urbanísticos sin el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que certifica que hay agua, ni sin la declaración de impacto medioambiental. Caballero pidió más transparencia a los poderes públicos: "Debe garantizarse a los interesados el derecho a obtener la información urbanística y medioambiental con rapidez y en un lenguaje claro y sencillo", propuso. Las grandes actuaciones urbanísticas no pueden realizarse al margen de los Planes Generales de Ordenación Urbana, concluyó Caballero.

La presentación del informe en Bruselas causó un gran revuelo en la Comunidad Valenciana, de donde proceden el grueso de las denuncias sobre supuestos abusos, aunque también se vieron de Andalucía y Murcia. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, exigió a los socialistas que "pidan perdón" por alentar con su actuación de los últimos años con informes que atentan contra la imagen del urbanismo valenciano, y los ligó a la destrucción de puestos de trabajo. El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, dijo que los problemas de la Comunidad no vienen de los informes de Bruselas sino de la crisis económica.