El juez archiva el caso del ex alcalde de Burriana por prevaricación urbanística

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vila-real ordenó ayer el sobreseimiento provisional de la querella presentada por el PSPV de Burriana contra el ex alcalde del Partido Popular y senador territorial Alfonso Ferrada, otros dos concejales del PP, Francisco Javier Perelló y Pedro Luís Sancerni, y el constructor Carlos Esteve Herrero. El PSPV de Burriana se querelló en 2007 contra los cuatro aludidos por los supuestos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y el medio ambiente, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas, infidelidad en la custodia de documentos, malversación de caudales públicos y cohecho, en la adjudicación del Programa de Actuación Integrada (PAI) Pedrera Port, y en otros desarrollos urbanísticos de la localidad. El juez ha archivado el caso basándose sobre todo en el auto emitido por el Tribunal Supremo, que el pasado mes de octubre devolvió la causa al juzgado de Vila-real porque "de la instrucción realizada hasta la fecha" por ese mismo juzgado "no resulta una imputación lo suficientemente individualizada y con un mínimo respaldo probatorio como para procesar a un aforado".

El Tribunal Supremo no halló suficiente "respaldo probatorio"

El Supremo, que se había encargado del caso cuando Ferrada fue nombrado senador el pasado mes de marzo por su condición de aforado, emplazó al juzgado a continuar con la investigación y se comprometió a analizar de nuevo la posibilidad de juzgarle si de la investigación del juzgado se hubiera constatado "la infracción penal y la participación en ella" del imputado.

No obstante, el juzgado de Vila-real sólo ha practicado una diligencia más desde la resolución del Supremo y considera innecesarias al menos una docena de pruebas testificales solicitadas por la acusación para seguir investigando el caso. Entre ellas, las de la ex concejal del PP Mariola Aguilera, hoy portavoz de Ciutadans y que votó varias de las resoluciones de Ferrada, o las de diversos representantes de asociaciones de propietarios que participaron en los procesos de adjudicación. Según las mismas fuentes, el titular del juzgado de Vila-real también basa su fallo judicial en la declaración del mes pasado de la secretaria municipal, Iluminada Blay, a pesar de que en su comparecencia como testigo reconoció que la corporación municipal presidida por Alfonso Ferrada adjudicó dos planeamientos urbanísticos, incluido el polémico PAI Pedrera Port, con el informe contrario de todos los funcionarios encargados del urbanismo en Burriana. La secretaria aseguró que los técnicos advirtieron al Consistorio de que primero debía aprobarse la ordenación urbanística correspondiente, y después adjudicarse a la iniciativa privada.