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El Gobierno pide que se anule la elección de la alcaldesa tránsfuga de La Pobla

El Gobierno perseguirá a los tránsfugas con todos los medios legales a su alcance. El Ejecutivo, a través de la Delegación del Gobierno, se ha acogido a un artículo de la Ley de Bases de Régimen Local para reclamar a la alcaldesa de La Pobla de Farnals y a su primer teniente de alcalde que abandonen sus cargos en el plazo de un mes.

El artículo 73 de la Ley establece que "los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en su grupo de procedencia". Natividad García ostentaba el cargo de primer teniente de alcalde e Ignacio Lluch el de concejal de Educación, Cultura Deportes y Comunicación.

Tras la moción de censura del pasado 18 de octubre, aprobada en medio de una trifulca descomunal, ambos, con el apoyo de seis concejales socialistas, pasaron a ser alcaldesa y primer teniente de alcalde, respectivamente. Sus derechos políticos eran superiores a los que les corresponderían de haber permanecido en su grupo de procedencia, el PP del que, obviamente, fueron expulsados.

Además, Natividad García e Ignacio Lluch se incrementaron sus sueldos. La alcaldesa pasó de cobrar 35.584,36 euros a 41.220 y el primer teniente de alcalde registró una subida salarial de más de 3.000 euros, pasando de 13.300 a 16.800 euros. Los derechos económicos también eran superiores a los que percibían en su grupo de procedencia.

Sobre esta base legal, el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) ha reaccionado exigiendo la anulación de los acuerdos de las sesiones en que se votó primero la moción de censura y después la mejora de sueldos para ambos tránsfugas.

Natividad García y su compañero Ignacio Lluch, con el apoyo de seis concejales del PSPV, que han sido expulsados de este partido, desalojaron de la alcaldía de La Pobla de Farnals al popular José Manuel Peralta el pasado 18 de octubre. La alcaldesa ahora es también representante en empresas municipales y preside todas las comisiones informativas. Si García no responde, el Gobierno anulará ambos nombramientos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 17 de enero de 2009