La justicia tumba la ocurrencia del traductor al inglés en Ciudadanía

No hay parche que valga. El intento del consejero Alejandro Font de Mora para mantener en pie Educación para la Ciudadanía en inglés sumó ayer un nuevo fracaso: el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano suspendió cautelarmente la figura del traductor. Su presencia, impuesta a los centros por el Gobierno de Francisco Camps, "puede causar perjuicios irreparables para el profesor titular de la materia pues se le priva, aun cuando sea parcialmente, de sus competencias esenciales", señala el auto en respuesta al recurso interpuesto por CC OO-PV.

Los docentes titulares (de los departamentos de Filosofía e Historia), establece el tribunal, tienen "autonomía" para fijar "la distribución del contenido curricular, el procedimiento de evaluación, los materiales didácticos y la adecuación a objetivos". Mientras que el proceso de aprendizaje de los alumnos "se ve obstaculizado por la necesidad de traducción". La consecuencia es que, salvo que el profesor de la asignatura esté capacitado y dispuesto a dar la asignatura en inglés, y son la minoría, podrán darla con toda tranquilidad en castellano o valenciano. El fallo, consideró el sindicato, invalida la campaña puesta en marcha por la Generalitat para averiguar qué centros cumplían la orden del doble profesor, encomendada a la inspección educativa.

"Es palmario que la traducción reduce la explicación de contenidos"

Font de Mora, siguiendo el guión de los últimos meses, trató de salvar la cara después del nuevo mazazo. Con un doble argumento. De un lado, destacando que la decisión no es firme y que presentará un recurso de súplica ante la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ que ha emitido el auto. Del otro, afirmando que en la práctica nada cambia: la moratoria aceptada a mediados de diciembre por el Consell, a 48 horas de la huelga convocada por el sector educativo y después de una gran movilización, ya permitía a los centros elegir la lengua de la asignatura.

Pero lo cierto es que aquello solo fue una tregua: Camps se negó a retirar las instrucciones y planteó un largo calendario de negociaciones que, tras lo conocido ayer, son innecesarias al menos en lo que respecta al traductor.Comisiones Obreras pedía la suspensión de los cinco puntos de las instrucciones dictadas por Educación. El tribunal, sin embargo, extiende las medidas cautelares solo a dos. Entre otras cosas, señala, porque los "hipotéticos perjudicados" por el resto de apartados (el primero de ellos establece que la asignatura se dará en inglés) serían los alumnos, y al ser el recurrente un sindicato el TSJ se limita a analizar los daños que pueden padecer los profesores.

En ese caso sí que halla indicios suficientes para temerlos. Los traductores "pueden causar perjuicios para el profesor titular, pues le privan, aun cuando sea parcialmente, de sus competencias esenciales referidas a la programación didáctica de la asignatura"; "es palmario que con la metodología prevista el tiempo dedicado a la impartición de los conocimientos se ve mermado sensiblemente por la necesidad de su traducción".

La instrucción de Font de Mora exigía a los docentes "coordinar semanalmente" con sus traductores lo que el tribunal considera "aspectos capitales de la programación didáctica que corresponden al profesor titular de la asignatura": la distribución temporal de los contenidos; los procedimientos para evaluar el aprendizaje del alumnado y seguir su progresión; los materiales y recursos didácticos a utilizar, y la adecuación de los objetivos. Toda esa invasión de competencias, dice el TSJ, puede "causar perjuicios de carácter irreparable".

La última decisión de los jueces sentó bastante mal en el departamento de Font de Mora. Así se desprende, al menos, del tono poco habitual con el que respondió en un comunicado. Tachó de "escandaloso", y afirmó no entender "de ningún modo", el supuesto trato desigual que recibía respecto al Gobierno. Buceando en la normativa del Ministerio de Educación, la consejería encontró el artículo 8.5 de la orden que establece el currículo del título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad (una especialidad de FP en inglés) que establece: "Con carácter excepcional y de forma transitoria, cuando el profesorado con atribución docente no cuente con el nivel de inglés exigido en estos módulos profesionales compartirá, un total de tres horas semanales para módulos que se impartan en el primer año y dos horas para los que se desarrollen durante el segundo curso, con un profesor de la especialidad de inglés".

Educación volvió a apelar al plan de plurilingüismo que ha empezado a elaborar para salir del paso del último episodio de una guerra que le va francamente mal. Su plan ha tenido que afrontar desde el principio tres frentes. El primero, de carácter práctico, consistió en la negativa de la mayoría de profesores (incluidos parte de los que envió como refuerzo a los centros y que sí saben inglés) a dar la clase en esa lengua, debido, entre otras cosas, al muy bajo nivel en el idioma de los alumnos que tenían ante ellos.

El segundo frente fue la muy considerable movilización que despertó su empeño en pasar por encima de todos los obstáculos para conseguir su objetivo: docentes, directores de centro, padres, inspectores educativos y alumnos encadenaron meses de protestas que culminaron en la enorme manifestación del 30 de noviembre en Valencia, y que no se tradujo en una huelga del sector porque el Consell ondeó la bandera blanca con la moratoria.

El tercero es el judicial. La de ayer es la segunda suspensión cautelar que decreta el TSJ. Y leyendo los autos, las apuestas sobre la resolución final no favorecen a Font de Mora.