La trama corrupta de Alhaurín recibió 642.000 euros en sobornos

El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, estaban "al frente" de una "trama" que supuestamente recibió 642.445 euros en sobornos de una veintena de promotores. A cambio del dinero, los responsables políticos permitían a los empresarios construir más viviendas de las que autorizaba el plan urbanístico municipal. Así lo establece el fiscal Juan Carlos López Caballero, quien considera acabada la investigación del llamado caso Troya, y pide al juzgado que convierta la causa en un procedimiento abreviado, paso procesal previo a la apertura de juicio oral.

Martín Serón insistió en que el caso, por el que fue detenido en enero de 2007, no es sino un "montaje del PSOE". El PP salió ayer, una vez más, en defensa del regidor.

Un asesor jurídico daba luz verde a las licencias contra el arquitecto municipal

El delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga imputa a Martín Serón los delitos de cohecho para acto delictivo, penado con dos a seis años de prisión; prevaricación urbanística (de seis meses a dos años), y blanqueo de capitales (de seis meses aseis años). El edil de Urbanismo, que, según el fiscal, "controlaba, contabilizándolos adecuadamente, los pagos efectuados y los que se debían efectuar", está imputado de prevaricación y cohecho.

Según el escrito de López Caballero, los pagos de los promotores están "acreditados indiciariamente" por las anotaciones manuscritas y por los archivos informáticos intervenidos en los registros de los domicilios de los imputados y de las dependencias municipales. El fiscal recuerda que en una vivienda de Martín Serón se hallaron 64.780 euros en efectivo, y otros 7.000 en su despacho de alcalde.

La esposa del regidor, María Teresa Santos, asesora fiscal de profesión, también ha resultado salpicada en la trama: está imputada de blanqueo por "efectuar actos dirigidos a ocultar las ilícitas ganancias obtenidas" por su marido. El fiscal habla de "numerosos ingresos en efectivo" en las cuentas bancarias del matrimonio por 50.000 euros "sin que se conozca el origen del dinero". También señala que en las cuentas de la esposa se ingresaron 30.000 euros "en sólo seis operaciones".

Las licencias ilegales otorgadas presuntamente por Martín Serón y Gregorio Guerra han permitido la construcción de 182 viviendas que no estaban contempladas en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la localidad, de 23.800 habitantes. Para otorgar los permisos irregulares, la trama contaba con la colaboración de Juan Burgos Gómez, asesor jurídico municipal. Este funcionario daba "siempre" el visto bueno a las licencias "pese a conocer que los proyectos de obras resultaban incompatibles con el planeamiento municipal y venían con informe negativo del arquitecto municipal". Otro asesor jurídico Ildefonso Domínguez, informó favorablemente de una licencia irregular.

Al menos en tres ocasiones, Burgos Gómez asegura en su informe jurídico que el arquitecto municipal está de acuerdo con la concesión de la licencia ilegal, lo que es "radicalmente falso", según el fiscal. El arquitecto municipal, Miguel Ángel Gutiérrez Montalvo, que al principio de la instrucción fue imputado, quedó provisionalmente eximido del caso a finales de octubre de 2008 por la juez instructora, Lidia Bermúdez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coín. Desde que se destapó en enero de 2007, el caso Troya ha pasado por las manos de cuatro jueces.

Martín Serón reaccionó ayer al escrito del fiscal con la virulencia habitual: "¿Hasta dónde quieren llegar los socialistas? ¿al estado policial? No es un movimiento del juzgado, sino un movimiento político a raíz de la toma de posesión del nuevo fiscal jefe". El regidor se refería a Antonio Morales, fiscal de corte progresista que accedió a la jefatura de la Fiscalía malagueña el pasado martes. Martín Serón anunció que continuará en su puesto "se pongan como se pongan, mientras no haya sentencia judicial". En las elecciones de junio de 2007 -celebradas seis meses después de su detención en Marbella tras un mitin de Mariano Rajoy- renovó la mayoría absoluta.

El Partido Popular salió inmediatamente a defender al alcalde alhaurino. La dirección del PP malagueño considera que Martín Serón puede seguir en su cargo ya que el partido confía "plenamente" en su inocencia. El secretario provincial popular, Francisco Salado, afirmó que la de ayer "es una opinión más del fiscal" y aseguró que "un informe de la Agencia Tributaria sobre el supuesto tráfico de dinero de empresas a los imputados manifiesta que no hay ninguna relación de ese dinero con las empresas".