Las asociaciones de jueces amenazan al Gobierno con su primera huelga

Las cuatro asociaciones de jueces y magistrados, que representan aproximadamente a la mitad de la carrera judicial, arrojaron ayer sobre la mesa un "acto reivindicativo y de protesta" para el 18 de febrero en todas las sedes judiciales, y al tiempo dieron un ultimátum al Gobierno: si no hay respuestas "satisfactorias" a sus reivindicaciones, habrá huelga el 26 de junio. La convocatoria de huelga, precedida de una demostración de fuerza aún por especificar, pero que podría consistir en paros parciales, fue descalificada en medios políticos y criticada especialmente por el PSOE, cuyo vicesecretario general, José Blanco, advirtió de que, por ley, para ellos "no es posible" celebrar una huelga. Legalmente los jueces no pueden ir a la huelga y "yo espero que los jueces cumplan la ley", sentenció Blanco.

Reclaman mejoras laborales y mantener sus competencias

El presidente del PP, Mariano Rajoy, mostró anoche en la Cope su apoyo "absoluto" a las reivindicaciones de las asociaciones de jueces para evitar que "no haya interferencias políticas en el Poder Judicial" por parte del Gobierno, reclamó más medios y acusó al Ejecutivo de haber generado esta situación. El portavoz de Justicia del partido, Federico Trillo, había declarado horas antes que compartía las preocupaciones de los jueces, pero rechazó la huelga como medio para conseguir sus objetivos. En similares términos se pronunciaron CiU y PNV. El Ministerio de Justicia, por su parte, reaccionó anoche indicando que la huelga de un poder del Estado sería "injustificada e injustificable". Tras celebrar que las asociaciones de jueces hayan "tomado las riendas de la situación", calificó de "muy decepcionante que amenacen con la huelga si no se satisfacen sus reivindicaciones".

Los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI), se reunieron ayer en Madrid y divulgaron un documento con ocho reivindicaciones de cuya negociación dependerá la convocatoria de huelga. El acuerdo se trasladará a las respectivas ejecutivas para que lo ratifiquen antes del 6 de febrero y caso de no conseguirse, cada asociación actuará con libertad de criterio.

No obstante, se mantiene en pie la convocatoria de Juntas de Jueces para el 21 de enero, que se aprovechará por las asociaciones para intentar que la carrera en su conjunto asuma y apoye la "tabla común de reivindicaciones" elaborada ayer. Esta tabla coincide en lo sustancial con la "hoja de ruta" elaborada el sábado por los jueces decanos de una docena de localidades que, al igual que las asociaciones de jueces, reclaman una completa instauración de la nueva oficina judicial, la interconexión de los distintos informáticos y una revisión de la planta judicial. Los decanos y asociaciones judiciales hacen hincapié en cuatro reivindicaciones:

- Carga máxima de trabajo: los jueces quieren un reglamento que establezca la carga máxima de trabajo de cada órgano judicial, y que sustituya a los antiguos módulos de productividad, sin que vaya unido a la retribución de la carrera. judicial.

- Facultad de señalar juicios y vistas: Éste es uno de los capítulos que mayores fricciones genera con el Gobierno. El Ejecutivo quiere atribuir al secretario judicial la agenda de señalamientos pero los jueces se oponen a que los secretarios les lleven la agenda.

- Supresión del traslado forzoso por ascenso, que afecta especialmente a los jueces jóvenes.

- Ley de Retribuciones: los jueces reclaman la adecuación salarial y el pago de los servicios de guardia. El ministerio criticó que se vincule la huelga a una medida económica cuando su retribución se incrementa este año en un 5%.