Monteseirín da marcha atrás en el recargo a las casas vacías
El Ayuntamiento de Sevilla, que preside el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, ha decidido renunciar a su propuesta de gravar con un incremento del 50% sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a propietarios de viviendas desocupadas. El gobierno local ha justificado su marcha atrás en el dictamen contrario del Consejo Consultivo de Andalucía, que establece que "bajo la vigente regulación, los ayuntamientos no pueden regular el concepto de vivienda desocupada con carácter permanente, al estar encomendado el desarrollo reglamentario en este punto al Gobierno de la nación".
En un comunicado, el Ayuntamiento sevillano manifiesta su "máximo respeto" al pronunciamiento del Consejo Consultivo, que responde a una solicitud del propio consistorio. Este órgano apunta que "mientras no se produzca el desarrollo reglamentario previsto no es legalmente posible la exacción del recargo en cuestión". Y que, por tanto, "en principio carece de sentido plantearse si resulta correcto el concepto (...) al no corresponder al Ayuntamiento de Sevilla su regulación".
El pronunciamiento del Consejo Consultivo responde a una solicitud del propio Ayuntamiento.
Inspecciones
A mediados de septiembre de 2007, el Ayuntamiento elevó a la Junta de Gobierno Local la propuesta de imponer un gravamen del 50 por ciento sobre el IBI aplicable a aquellos propietarios de inmuebles vacíos permanentemente, donde no hubiera ningún ciudadano empadronado.
La intención del gobierno municipal era iniciar los trabajos para dar prioridad a las inspecciones municipales destinadas a detectar este tipo de viviendas. Tras este anuncio, el PP calificó de "inviable" la propuesta, que achacó al "puro afán recaudatorio", y advirtió de que, desde el punto de vista legal, es "tremendamente complicado" definir qué es una vivienda vacía con carácter permanente.
El Ayuntamiento asegura que es "es evidente que esta medida no perseguía ningún afán recaudatorio, como malintencionadamente sugería el Partido Popular, sino el cumplimiento de la legalidad". Y apunta que el recargo se implanta mediante una iniciativa legislativa de dicho partido en 2002 -cuando contaba con mayoría en las Cortes Generales-, con lo cual "resultan incongruentes y demagógicas las manifestaciones vertidas al respecto" en su día, reza el comunicado.
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