Las reuniones de la tregua, al banquillo

El tribunal que juzgará a partir de mañana en Bilbao a dos candidatos a lehendakari -Juan José Ibarretxe y Patxi López- pondrá la primera piedra en Euskadi a una precampaña electoral que tiene ya la cita fijada para dentro de 52 días. Pero, sobre todo, el caso Ibarretxe-López lleva al banquillo a buena parte de los políticos que se reunieron en 2006 con la ilegalizada Batasuna, durante el proceso de diálogo abierto al calor del alto el fuego de ETA. El triángulo político de la tregua formado por el PNV (Ibarretxe), PSE (Patxi López) y Batasuna (Arnaldo Otegi) es una foto doblemente inédita: porque es la primera vez que un lehendakari es encausado penalmente y porque nunca hasta ahora representantes institucionales y partidos que condenan la violencia comparten banquillo con dirigentes del brazo político de ETA bajo la misma acusación.

El delito que está encima de la mesa de los tres magistrados es el de desobediencia a la sentencia de la Sala del 61 del Tribunal Supremo que ilegalizó Batasuna y negó al partido vinculado a ETA cualquier posibilidad de actuación política al declararlo disuelto. Presuntamente, habrían incurrido en ese delito como cooperadores necesarios Ibarretxe, López y Rodolfo Ares por mantener reuniones durante el proceso de fin dialogado de la violencia etarra. Por el delito de desobediencia se imputa a los cinco miembros de la izquierda abertzale, al haber seguido actuando como dirigentes de un partido ilegalizado.

Pero lo que el tribunal tendrá que resolver es si es posible perseguir penalmente a políticos o representantes institucionales que, en el "marco de su actividad política", mantienen encuentros con dirigentes de formaciones ilegalizadas. Sobre todo, cuando en esas reuniones está en juego el posible fin de ETA, que este año cumple medio siglo de existencia y suma 900 víctimas mortales.

Una clave del juicio la planteó en su escrito de conclusiones la fiscal María Ángeles Montes, quien pide la absolución de los acusados. Montes explica que la ronda de contactos con todos los partidos iniciada por el lehendakari tras el alto el fuego de marzo de 2006 se enmarcaba en el "compromiso adquirido con la sociedad de trabajar para encontrar una solución al conflicto vasco".

La fiscal recalca que el líder del PSE, Patxi López, y el dirigente socialista Rodolfo Ares, dentro del "marco de su actividad política", ejecutaban una decisión "tomada" por el PSE y "autorizada" por el PSOE para "encontrar soluciones al terrorismo". Montes recuerda que el Supremo, al sentenciar la muerte política de Batasuna en marzo de 2003, no hizo ningún requerimiento para que no se mantuvieran esos encuentros.

Las dos acusaciones populares presentes en la causa, el Foro Ermua y la asociación Dignidad y Justicia, mantienen una visión diametralmente opuesta. El Foro Ermua considera que la reunión entre las delegaciones del PSE y de Batasuna "se enmarcaba dentro de las negociaciones ETA-Gobierno y tenía como objetivo paliar las medidas adoptadas contra Batasuna por los tribunales españoles" y buscaba la "legitimación" como interlocutor del partido ilegalizado para iniciar así el camino para "una legalización de facto". El Foro Ermua solicita dos años y nueve meses de cárcel para Ibarretxe, nueve meses para los dirigentes del PSE, y entre uno y cuatro años para los de Batasuna, además de penas de inhabilitación. Dignidad y Justicia pide de uno a tres años de cárcel para los encausados