Horror bursátil

De las múltiples consecuencias de esta crisis, la destrucción de riqueza financiera es una de las más explícitas. Todos los mercados organizados de acciones de las economías avanzadas han registrado en 2008 uno de los peores años. La Bolsa de Nueva York no ha perdido tanto valor en un año desde 1931; para la de Madrid ha sido el peor de su historia.

No han sufrido únicamente las empresas financieras, más próximas al origen de la crisis. En todos los sectores las desvalorizaciones han sido explícitas a medida que la convulsión financiera aceleraba su metamorfosis hacia la fase en la que nos encontramos: una de las más severas y generalizadas recesiones de la historia, dañando seriamente las expectativas de beneficios de todo tipo de empresas. Y el número de particulares afectados en sus inversiones directas, o a través de fondos de inversión o de pensiones, en los mercados de acciones, se encuentra en el máximo histórico, en torno al 50% de la población en la mayoría de las economías más desarrolladas de la OCDE.

Estas pérdidas han constituido una primera fuente de erosión de la confianza en la industria de servicios financieros, en particular la de aquellos que delegaron sus decisiones de inversión en instituciones con fondos que en no pocos casos han tenido un peor comportamiento que el de los propios mercados. En segundo lugar, porque algunos de esos gestores han bordeado la legalidad y el juego limpio, como la ramificación del caso Madoff está revelando. No menos importante, la desconfianza de los inversores particulares también se ha visto mermada por la cuestionable supervisión de algunos de esos mercados.

No son, en definitiva, los mejores fundamentos en los que basar la extensión del capitalismo popular o, cuando menos, las posibilidades de diversificación de la inversión en sociedades cada día más envejecidas. Y, sin embargo, los mercados de acciones son esenciales en el funcionamiento de las modernas economías. Pero asentados en la confianza. Por eso es muy importante que se abandonen veleidades autorreguladoras de los operadores y sean las instituciones públicas, sobre la base del rigor y del fortalecimiento de sus medios, las que garanticen en todo momento el juego limpio: que más allá de las expectativas de beneficios en esos mercados no cotizarán prácticas que rocen la corrupción o estén alejadas del buen gobierno de las empresas.