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COLUMNA

Jueces bajo sospecha

El nuevo CGPJ ratificó la semana pasada la multa de 1.500 euros impuesta a un juez de Sevilla por no haber ejecutado a su debido tiempo una sentencia dictada contra el responsable de un delito de abusos sexuales cometido con su hija. El magistrado Tirado había condenado en noviembre de 2002 a Santiago del Valle en primera instancia a dos años y nueve meses de prisión; la Audiencia Provincial confirmó la pena en mayo de 2003 pero retrasó hasta diciembre de 2005 la notificación de la sentencia al juzgado, que a su vez demoró hasta marzo de 2008 su ejecución.

Santiago del Valle, con otros cuatro expedientes por abusos sexuales abiertos entre 2003 y 2007, está acusado de haber dado muerte a la niña Mari Luz Cortés en enero de 2008, cuando el imputado seguía beneficiándose de una libertad provisional que la aplicación a tiempo de la ejecutoria hubiese hecho imposible.

Sobre esa secuencia cronológica descansa el oscuro sentimiento latente -al margen de la lógica del Derecho Penal- de que el incumplimiento por el juez Tirado de sus deberes procesales le hace también responsable de alguna manera del homicidio. Tal vez se pueda llegar a entender, aunque nunca a justificar, la propagación emocional de esa tesis en la opinión pública. Pero el encolerizado rechazo de las decisiones del Poder Judicial por los otros dos poderes del Estado despide un tufo demagógico: los profesionales de la política están obligados en un sistema democrático a razonar y a comportarse en términos jurídico-constitucionales. Ya con ocasión de la sanción contra el juez Tirado dictada por el anterior CGPJ la vicepresidenta Fernández de la Vega emuló a la Reina de Corazones de Alicia en el país de las maravillas al exigir cabezas. El ministro de Justicia pidió entonces tres años de suspensión para Rafael Tirado y amenaza ahora con modificar en represalia el reglamento disciplinario de la carrera judicial. Y hasta el presidente del Gobierno se ha convertido en el portavoz justiciero de la opinión pública frente a los tribunales.

La mención al corporativismo de los jueces (desmentido con la condena impuesta la semana pasada a un pintoresco magistrado de Murcia por sus pares) para explicar la lenidad de la sanción del CGPJ no debería olvidar que el mismo pecado gremialista es cultivado con esmero por los grandes cuerpos de la Administración en defensa de sus miembros y por los partidos en provecho de su financiación legal o irregular. Si los jugadores dejaran de dar patadones al aire y bajasen el balón al césped, tal vez pudieran aclararse algunos puntos confusos del debate.

1. ¿Es admisible descalificar la justicia impartida por los tribunales de un Estado de derecho, en beneficio de una justicia del pueblo dispensada por los medios de comunicación o de la justicia del visir teorizada por Max Weber que ahora pretenden aplicar el presidente del Gobierno y algunos de sus ministros?

2. Los retrasos de la Audiencia Provincial de Sevilla y del juez Tirado en notificar y ejecutar la sentencia condenatoria de Santiago del Valle ¿son hechos atribuibles exclusivamente a esos magistrados o forman parte también de un mal funcionamiento de la Administración de justicia imputable no sólo a los tribunales sino también a las insuficiencias presupuestarias e informáticas de las que el Ministerio del ramo y las comunidades autónomas deben dar cuenta?

3. ¿Cuál es la razón de que 12 de los 14 jueces (así como un abogado y un secretario judicial) del actual CGPJ tipificaran el comportamiento de Rafael Tirado sólo como una falta grave por retraso injustificado en la tramitación de una ejecutoria? ¿Sólo por vil corporativismo? ¿Respondió quizás a una motivación angélica la propuesta de los otros siete vocales restantes, en plena coincidencia con los vehementes deseos del Gobierno y del PP, para calificar esa conducta como una falta muy grave de desatención? ¿No están los magistrados -"sometidos únicamente al imperio de la ley", según mandato constitucional- altamente cualificados para la interpretación de las normas? ¿Es un capricho que el artículo 122 de la Constitución exija que al menos 12 de 20 los miembros del CGPJ sean jueces o magistrados?

4. La obediencia rendida por los vocales de las anteriores reencarnaciones del CGPJ a los grupos parlamentarios que les habían propuesto ha sido la causa principal del desprestigio de la institución, transformada en mera correa transmisora de las fuerzas políticas. Justo en el momento en que los miembros del órgano de gobierno de la magistratura empiezan a votar de acuerdo con criterios diferentes al agradecimiento debido a sus padrinos ¿no resulta obscena la marimorena organizada por el Gobierno y el principal partido de la oposición a propósito del caso del juez Tirado?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 31 de diciembre de 2008